APLICACIÓN DE NUEVAS LEYES EN TEXAS GENERA PROBLEMAS

Un sinnúmero de nuevas leyes que entraron en vigor este año en Texas ya están causando algunas repercusiones, como la legislación que exige a los maestros y empleados del sector educativo que pasen una revisión de sus huellas dactilares.

La Ley SB 9 aprobada por el Legislativo de Texas el año pasado obliga a los distritos escolares del estado a que sometan a todo el personal docente y administrativo a un riguroso chequeo de antecedentes penales para descartar a los que hayan cometido algún delito sexual infantil en el pasado.

Bajo esta medida, se calcula que más de un millón de empleados públicos en las escuelas de Texas deben pasar por los nuevos procedimientos y aunque la ley ya entró en vigor, aún no está claro qué distritos escolares deberán iniciar el proceso.

De acuerdo a DeEtta Culbertson, portavoz de la Agencia de Educación de Texas, el primer distrito que deberá verificar los antecedentes de sus empleados es el de Austin, y luego se determinará cuáles seguirán para evitar que se cometan fraudes.

“Cuando se lleve a cabo la revisión de datos se notificará primero al Departamento de Seguridad Pública de Texas quien a su vez deberá coordinar con el FBI. Cuando se hayan obtenido los resultados, se comunicará al distrito para que tome las acciones necesarias”, confirmó Culbertson.

Según la funcionaria, el maestro o empleado podrá apelar la decisión dentro de los 80 días desde su notificación.

Pero una de las quejas que ha recibido esta legislación es que podría perjudicar a un buen número de empleados que hace muchos años tuvieron problemas con la ley y que incluso ya han pagado su condena.

Según Culbertson, el motivo de la ley es precisamente alejar de las escuelas a los individuos que han cometido delitos o abusos a menores en cualquier punto de su vida.

Indicó además que serán primero los maestros y maestros suplentes a los que se les procesen sus antecedentes penales antes que al personal administrativo.

Este punto también ha sido tema de controversia. Algunos sindicatos han dicho que el posible cargo de alrededor de 50 dólares lo debe abonar la persona que busca ser contratado en el sector educativo del estado.

Antes – de acuerdo a Culberston- el pago era de no más de cinco dólares por verificación de antecedentes penales que lo cubría el mismo distrito escolar.

“Es posible que para una persona que va a trabajar en una escuela como auxiliar de limpieza no le convenga gastar esa suma cuando su salario es de por sí muy bajo”, declaró Culberston.

Otra de las nuevas leyes estatales que entró en vigor es la creación de una base de datos entre las autoridades estatales y las agencias de seguros de automóviles.

A través de esa base de datos, que deberá actualizarse cada semana, un agente de policía podría verificar si un vehículo tiene el seguro o la póliza de cobertura mínima, como lo establece la ley.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, se cree que alrededor del 15 al 20 por ciento de los conductores en el estado no cuentan con un seguro automotor.

La ley HB 3101, propuesta por el Representante Estatal Rafael Anchía (D-Dallas), protege a los inquilinos a no ser desalojados por no haber pagado a tiempo el alquiler de la vivienda donde residen.

Además, el arrendatario no podrá cobrar más del siete por ciento del costo de la mensualidad por concepto de mora si su inquilino no pagó a tiempo, al menos que se establezca esa cláusula en el contrato de alquiler.

Otra ley obliga a los propietarios de clubes de bailarinas exóticas a que cobren cinco dólares más a sus clientes. Ese dinero será destinado a programas que ayudan a víctimas de ataque y abuso sexual.

Al mismo tiempo, la ley HB 3692 le da autonomía a los jueces para negar la libertad bajo fianza a las personas que son procesadas por abuso doméstico, ya sea un caso que conlleva cargos menores o mayores. VN