ACTIVISTAS TEMEN ARIZONA SE CONVIERTA EN ESTADO MÁS ANTI-INMIGRANTE DE EE.UU.

Tras la firma de una ley estatal que sanciona severamente a los negocios que contratan a inmigrantes indocumentados, Arizona se perfila como el estado más anti-inmigrante en los Estados Unidos, de acuerdo con activistas.

“Creo que este título hace tiempo que ya lo tenemos ganado, somos el estado más anti-inmigrante y anti-mexicanos que hay en el país”, dijo en entrevista, Kat Rodríguez, activista y miembro de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Rodríguez manifestó su “desilusión” porque la gobernadora Janet Napolitano promulgó ayer la ley estatal que obliga a los negocios de Arizona a verificar el estatus migratorio de sus empleados.

De acuerdo con la medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2008, todo negocio que con conocimiento contrate a trabajadores indocumentados enfrentará la suspensión de su licencia de operación hasta por diez días.

En caso de reincidir la licencia será suspendida permanentemente.

“Nos preocupa mucho el impacto que esta ley va a tener entre nuestra comunidad, la impunidad y la discriminación que puede generar”, sostuvo la activista.

Agregó que los indocumentados siempre han sido blando de explotación de patronos que les pagan poco, los hacen trabajar muchas horas y siempre bajo el temor de ser deportados si se quejan o denuncian el abuso en su contra.

“Leyes como esta solamente fomentarán que los indocumentados se oculten más en las sombras y sean víctimas de mayores peligros”, advirtió Rodríguez.

Manifestó que su organización ya ha documentado varios casos de discriminación en el trabajo no sólo en contra de indocumentados, sino también en contra de personas que cuentan con una residencia legal.

Como consecuencia del aumento del flujo migratorio a través del desierto de Arizona, agencias del orden, dependencias gubernamentales y hospitales comenzaron a quejarse de la falta de recursos económicos para responder a emergencias relacionadas con la inmigración ilegal.

Una de las primeras medidas adoptadas en contra de los indocumentados en Arizona entró en vigor a principios de la década de 1990, cuando por primera vez se solicitó prueba de residencia legal en EE.UU. a la hora de solicitar una licencia de conducir.

Otra legislación reformó el sistema de educación bilingüe en el estado y se aprobó por primera vez el inglés como idioma oficial del estado, aunque ésta última fue revocada por una corte.

El sentimiento antiinmigrante revivió en Arizona en noviembre de 2004, cuando los votantes aprobaron en las urnas la ley estatal 200, que niega ciertos beneficios públicos a indocumentados, así como obliga a los empleados de estas dependencia a reportar ante Inmigración a las personas que acudan a solicitar ayuda.

En noviembre pasado los votantes nuevamente protestaron ante la falta de acción del Gobierno federal en torno al problema de la inmigración ilegal y aprobaron la ley estatal 300, que obliga a estudiantes indocumentados pagar colegiatura como extranjeros.

Durante esos comicios, también se aprobó la ley 100, que niega la posibilidad de salir bajo fianza a los indocumentados acusados de un delito mayor.

Con respecto a la ley firmada ayer por la gobernadora y que afecta directamente a los negocios que contratan a indocumentados, la Cámara de Comercio Hispana de Arizona protestó enérgicamente la medida y aseguró que ésta pone en peligro la economía del estado.

Por su parte, legisladores estatales, como el demócrata Ben Miranda, estudian la posibilidad de impugnar la legislación, pero aseguró que el camino “será muy difícil”, mientras no se presente el caso de un negocio que haya sido afectado por la nueva ley. VN