LA POLÍTICA DE DEPORTACIÓN DE TRUMP ESTÁ ARRUINANDO VIDAS, DENUNCIA EL ARZOBISPO DE LOS ÁNGELES

(fOTO: Monseñor José H. Gomez, Arzobispo de Los Ángeles. | victor alemán).

Por TYLER ARNOLD

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles, Mons. José H. Gomez, criticó los esfuerzos de deportación masiva del presidente Donald Trump e instó a los legisladores a encontrar una solución bipartidista para arreglar el sistema de inmigración estadounidense.

“Mis hermanos obispos y yo nos hemos dado cuenta de que esta política de deportación está arruinando la vida de muchas personas y que ha ido fragmentando a muchas familias de nuestras parroquias y de nuestros vecindarios, de tal modo que ahora la gente vive en medio de un constante temor”, dijo Monseñor Gomez en un artículo de opinión publicado el 18 de noviembre en Angelus News.

El Arzobispo, quien sirve a la arquidiócesis más grande del país y a una gran población hispana, hizo referencia al mensaje especial del 12 de noviembre de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), que transmitió su oposición unificada a “la deportación masiva indiscriminada de personas”, aprobada por el 96% de los obispos que votaron.

En su artículo de opinión, Monseñor Gomez acusó al gobierno de Trump de llevar a cabo deportaciones de forma severa e indiscriminada. Criticó las supuestas cuotas de arrestos, las redadas en lugares de trabajo, las limitaciones a las visas de trabajadores extranjeros y otras vías legales para ingresar a Estados Unidos, y la revocación del estatus legal de protección temporal (TPS) de algunos inmigrantes.

“Los encargados de aplicar estas medidas no detienen solamente a los delincuentes violentos, sino también a madres, padres, abuelos, hombres y mujeres trabajadores que son pilares de nuestras parroquias y de nuestras comunidades”, dijo el Arzobispo.

Monseñor Gomez expresó su preocupación por la falta de debido proceso y por la falta de seguridad e higiene en los centros de detención. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado reiteradamente estas afirmaciones.

Un portavoz declaró a CNA –agencia en inglés de EWTN News– el 17 de noviembre que el gobierno se preocupa profundamente por la dignidad humana intrínseca de todas las personas con las que entra en contacto.

El arzobispo también expresó su preocupación por la negación de la comunión a los detenidos, como ocurrió en un centro de Broadview, Illinois. Un vocero del DHS informó a CNA que la solicitud en Broadview no pudo ser atendida debido a preocupaciones de seguridad y a la forma en que el clero solicitaba ingresar.

“Y esto es lo que realmente podría haber evitado todo este lío en el frente si la gente simplemente se hubiera comunicado con tiempo e hiciera muchas de estas cosas con anticipación, en lugar de, como en una situación, que hubiera un sacerdote jubilado que simplemente se presentó en una gran multitud de personas y exigió que lo dejaran entrar”, dijo Nate Madden, subsecretario adjunto principal de comunicaciones del DHS.

El P. Larry Dowling, sacerdote jubilado y miembro del consejo de clérigos de la Coalición para la Vida Espiritual y Pública, encabezó una procesión eucarística a Broadview el 11 de octubre, donde los participantes cantaron y rezaron el rosario en inglés y español.

Tras múltiples denegaciones tras solicitudes formales e intentos de cumplir con la política de admisión del DHS, el clero católico ha interpuesto una demanda para ejercer su derecho a la libertad religiosa y distribuir la comunión en las instalaciones.

El DHS indicó que se ofrece atención pastoral en todos los centros de detención de largo plazo, pero que Broadview es un centro de procesamiento de corto plazo diseñado para estancias de 12 horas. Los detenidos han alegado haber estado confinados allí durante casi una semana.

La administración afirma haber deportado a más de 500,000 personas y que al menos 1.6 millones más se han autodeportado, según el DHS. Un portavoz del departamento declaró el 27 de octubre: “Esto es sólo el comienzo”.

Gómez reconoció que “nuestro gobierno tiene derecho a hacer cumplir sus leyes de inmigración”, lo cual incluye las deportaciones. Sin embargo, afirmó, “la deportación no es la única manera de responsabilizar a la gente que entrar ilegalmente al país”.

Gómez instó a la administración Trump a pausar las deportaciones masivas y a reenfocar sus esfuerzos de control en quienes representan una verdadera amenaza para la seguridad y el orden público. Solicitó a la administración que colabore con el Congreso para aprobar la reforma migratoria.

MONSEÑOR GOMEZ: “AÚN HAY CAMINO A SEGUIR”

El arzobispo reconoció que la ansiedad por la migración a gran escala hacia Estados Unidos y las “políticas laxas de control fronterizo” del expresidente Joe Biden llevaron en parte a que los estadounidenses eligieran a Trump en 2024.

Monseñor Gomez dijo que “la creciente ansiedad y temor acerca del modo en que la economía global está transformando las economías y las comunidades locales” y el hecho de que la gente vea a los inmigrantes como “amenazas para su propia subsistencia” también influyeron en los resultados electorales.

Aunque dijo que entiende “la indignación popular acerca de la falta de control de las fronteras y de la gran cantidad de personas indocumentadas que hay en nuestro país”, dijo que las políticas de Trump “no es la manera de defender el estado de derecho ni la soberanía de nuestra grandiosa nación”.

El arzobispo afirmó que es cierto que quienes ingresaron al país ilegalmente “son responsables de sus actos”, pero que el sistema lleva más de 40 años sin funcionar. Añadió que muchos “llegaron con el entendimiento tácito de que las autoridades pasarían deliberadamente por alto su presencia, dado que las empresas necesitaban su labor”.

“Los políticos, los líderes empresariales y los grupos de activistas han explotado este problema en beneficio propio durante mucho tiempo y a eso se debe que persista actualmente”, dijo Monseñor Gomez.

El arzobispo afirmó que “aún hay camino a seguir” en materia de inmigración. Añadió que las soluciones podrían incluir responsabilizar a las personas de alguna manera y, al mismo tiempo, brindarles una vía para obtener un estatus legal.

“Millones de hombres y mujeres indocumentados de este país no tienen antecedentes penales y han vivido y trabajado aquí durante varias décadas”, dijo. “Estos inmigrantes son propietarios de viviendas, están a cargo de negocios o trabajan en empleos que nuestra sociedad requiere; tienen hijos y nietos y son buenos vecinos y feligreses fieles”.

“No hay duda de que una nación poderosa puede llegar a encontrar una solución generosa para estas personas, responsabilizándolas por infringir nuestras leyes, pero brindándoles también una opción para regularizar permanentemente su situación”, dijo el Arzobispo Gómez. VN

Traducido y adaptado por ACI Prensa. Publicado originalmente en CNA