MILLONES DE INMIGRANTES AFRONTAN OBSTÁCULOS CRECIENTES PARA LOGRAR CIUDADANÍA

Washington, (EFE News).- Más de nueve millones de inmigrantes habilitados para obtener la ciudadanía estadounidense encuentran “obstáculos crecientes” en el trámite debido a los cambios en las normas instaurados por el Gobierno del presidente Donald Trump, según un informe distribuido este jueves por el Instituto de Política Migratoria (MPI, en inglés).

“Si bien el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) sigue aprobando la gran mayoría de las solicitudes de naturalización que recibe, en el período fiscal 2019 la agencia demoró casi el doble de tiempo que en los tres años anteriores para procesar el caso promedio”, indicó el grupo.

El atraso de los trámites ha ido aumentando a medida que las solicitudes se devuelven con más y más frecuencia con pedidos de más información y pruebas de inglés y educación cívica administradas más estrictamente, de acuerdo con MPI.

Todo ello ya ocurría antes de que la suspensión de las entrevistas personales a los solicitantes debido a la pandemia de COVID-19 demoraran las ceremonias de juramento para más de 100.000 personas, añadió el informe.

USCIS es una agencia que se financia con las tarifas pagadas por los usuarios en trámites de visas y ciudadanía, y la reducción de estas operaciones ha colocado a la agencia en una difícil situación presupuestal, por la cual ha pedido al Congreso 1.200 millones de dólares en fondos de emergencia y ha advertido a más de 13.400 de sus 16.300 empleados que podrían ir a licencia sin pago de sueldo.

Otro obstáculo para los inmigrantes que solicitan ciudadanía es un aumento de la tarifa del proceso de 640 a 1.170 dólares que entrará en vigor en septiembre, así como la restricción de exenciones de tarifas para los solicitantes de bajos ingresos.

Randy Capps, director de investigaciones en MPI, dijo en conferencia de prensa que “las semillas de la actual crisis de presupuesto se sembraron antes de la pandemia cuando USCIS empezó a aplicar un escrutinio más intenso y protocolos adicionales para la detección de fraudes, junto con otras medidas que han reducido los niveles de solicitudes”.

“Ahora la pandemia y la licencia sin sueldo amenazan frenar aún más el procesamiento de las solicitudes, al mismo tiempo que las tarifas van a incrementarse sustancialmente, todo lo cual crea vallas más altas y posiblemente disuada a la gente de solicitar la ciudadanía”, agregó.

MPI hizo una encuesta entre marzo y septiembre de 2019 entre 110 proveedores de asistencia para la naturalización en 34 áreas metropolitanas, que se cuentan entre más de 200 proveedores, en una campaña que ha ayudado a más de 470.000 personas a completar las solicitudes de ciudadanía.

Alrededor de 25 % de los encuestados indicaron que sus clientes perdieron entrevistas debido a que USCIS envió las notificaciones a domicilios equivocados, o las envió demasiado tarde, o las dirigió a abogados en lugar de a los solicitantes.

Más de un tercio de los encuestados indicaron que USCIS ha pedido con más frecuencia pruebas y evidencias que respalden las solicitudes, especialmente documentos sobre ingresos y el pago de impuestos, residencia continua, matrimonio y asignación para mantenimiento de los niños, y antecedentes policiales.

El 10 % de los encuestados señaló que en las entrevistas con los solicitantes los funcionarios de USCIS han hecho preguntas muy detalladas que no se relacionan directamente con la elegibilidad para la ciudadanía, y han administrado de manera diferente y más estricta los exámenes de inglés y educación cívica.

“Los procedimientos de adjudicación más estrictos empleados por USCIS no han logrado más que aumentar el tiempo y los costos para completar el trámite de naturalización”, señaló Eric Cohen, director ejecutivo del Centro de Recursos Legales para el Inmigrante (ILRC).

“La adición de obstáculos para obtener la ciudadanía impide que residentes calificados voten, se postulen a cargos electivos, viajen sin visa a otros muchos países, patrocinen a sus familiares para la inmigración legal”, añadió Cohen. “Esas vallas no han demostrado que tengan impacto en la prevención de fraudes que, para empezar, casi no existen”. VN