GRUPOS COMUNITARIOS DENUNCIAN “NEGOCIOS” CON CÁRCELES PARA INDOCUMENTADOS

La construcción o expansión de centros de detención de indocumentados resulta un buen negocio por los lucrativos contratos con el gobierno federal, tanto para las empresas privadas como para las ciudades o condados donde se ubican, denunciaron grupos pro-inmigrantes en Denver.

El caso más reciente en Colorado es el del proyecto de expansión del centro de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Aurora, al este de Denver.

El proyecto, dirigido por el Grupo GEO, tiene un costo de 72 millones de dólares.

La propuesta incluye elevar la capacidad de alojamiento de la cárcel ya existente de 400 a 1.100 personas, mejorando además las instalaciones para las madres detenidas junto con sus hijos.

Según datos oficiales, durante el 2007, GEO empleó a 146 personas y generó ingresos por 9 millones de dólares para Aurora. Si la nueva cárcel se construye, la empresa emplearía hasta 350 personas y generaría 30 millones de dólares anuales para la economía de esta ciudad.

Para Chandra Russo, portavoz de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), este proyecto “es un ejemplo de una empresa privada lucrando con la miseria de los inmigrantes”.

“Las prisiones privadas son un buen negocio. En este caso GEO ni siquiera necesita un contrato con ICE para operar la prisión. Y sin supervisión estatal ni federal, ¿qué garantía hay que la administración de la prisión se hará adecuadamente?”, comentó.

Según Russo, no solamente CIRC, sino también asociaciones vecinales, grupos empresariales y organizaciones religiosas de Aurora se oponen a la construcción de la nueva cárcel.

Tanto en Colorado como en otros estados, ciudades y condados se benefician con los ingresos generados por las cárceles privadas o públicas que tienen contratos con el gobierno federal.

Por ejemplo, el condado Gardfield (en el oeste de Colorado) recibe 40.000 dólares al año para alojar un promedio de 15 inmigrantes indocumentados al día en la cárcel de Glenwood Springs.

Mientras que el condado Park (en la misma zona) recibe un monto similar por tener “varias docenas” de presuntos indocumentados en su centro de detención.

En comparación, el contrato establecido por la cárcel del condado Frederick, en Maryland, con ICE en septiembre del 2007, estipula que la agencia federal pague 83 dólares al día por cada inmigrante indocumentado detenido.

Con más de 500 presuntos indocumentados alojados, el condado Frederick recibe más de un millón de dólares al mes por parte de las autoridades federales.

Por otro lado, la prisión privada del Grupo GEO en Florence, Arizona, que funciona desde diciembre del 2006, aporta aproximadamente 22 millones de dólares al año para la economía de esa ciudad por alojar hasta mil inmigrantes indocumentados y delincuentes comunes por día.

“Destinar más dinero a la construcción de cárceles privadas para inmigrantes indocumentados a la vez que se recortan los programas de educación y de salud no ayuda a construir un buen futuro”, opinó Miriam Peña, portavoz de la Coalición Progresista de Colorado.

“Sabemos que el actual sistema migratorio no está funcionando, pero construir cárceles privadas en sectores residenciales de una ciudad no es la solución”, agregó.

Para Peña, los centros de detención de indocumentados “destruyen familias y comunidades, victimizan a los que buscan asilo por haber sido torturados en sus países de origen y crean condiciones de vida atroces para los detenidos”.

Peña basó sus declaraciones en las denuncias realizadas por Celia Ramírez, ex empleada de GEO en Aurora, quien en diciembre pasado presentó una demanda judicial contra la empresa por “conductas inapropiadas” de los guardiacárceles hacia ella y hacia otros latinos.

En julio del 2007, un reporte oficial de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, en inglés) encontró que las condiciones de vida de los inmigrantes detenidos en Aurora eran “inadecuadas” debido a la sobrepoblación dentro de las celdas, a la falta de limpieza en el establecimiento, a la carencia de un servicio telefónico adecuado, y a problemas en la preparación de las comidas.

GAO reportó “deficiencias similares”, incluyendo falta de atención médica y de acceso a servicios legales en otras 23 cárceles de GEO en todo el país.

El año pasado, GEO (basada en Boca Ratón, Florida) tuvo ingresos por casi 861 millones de dólares. VN

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