ACTIVISTAS CRITICAN CRIMINALIZACIÓN DE INDOCUMENTADOS EN FRONTERA DE ARIZONA

La Coalición de los Derechos Humanos en Arizona considera que se están dando los pasos hacia una militarización de la frontera con la aplicación de un plan que establecería penas de cárcel para los indocumentados.

“Esto es algo que veníamos venir desde hace tiempo, por muchos años advertimos que el programa de ‘cero tolerancia’ sería aplicado también en esta frontera”, dijo en entrevista con Isabel García, directora de la Coalición.

En su opinión el proyecto piloto “Operation Streamline” es parte de un plan del Gobierno federal para acelerar la deportación de más de 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos.

El jefe de la Patrulla Fronteriza sector Tucson, Robert W. Gilbert, dijo el miércoles ante un subcomité de la Cámara Baja de EE.UU. que se encuentran estudiando la posibilidad de establecer lo más pronto posible esta operación en el desierto de Arizona.

Con “Stremaline” los inmigrantes indocumentados son sometidos a un proceso penal y pueden llegar a pasar en promedio 180 días de cárcel antes de ser deportados a su país de origen.

La causa judicial les impide regresar bajo cualquier circunstancia a EE.UU. y si son arrestados por segunda ocasión tratando de entrar de forma ilegal se les imputa un delito grave, castigado con varios años de cárcel.

En la actualidad, los indocumentados que son arrestados en el Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza son deportados de forma voluntaria a sus países de origen y solamente unos pocos enfrentan cargos, específicamente aquellos que tienen una orden de arresto o cuentan con antecedentes penales.

“Operation Streamline” actualmente funciona en los sectores de Del Río (Texas) y Yuma (Arizona) de la Patrulla Fronteriza y según la agencia federal, estos lugares han reportado un dramático descenso en el arresto de indocumentados desde que comenzó el programa en 2005 y 2006, respectivamente.

El sector Tucson de la Patrulla Fronteriza abarca el 90 por ciento de la frontera entre Arizona y Sonora (México) y es aquí donde anualmente se registra el mayor número de arrestos y muertes de inmigrantes indocumentados en toda la frontera con México.

De acuerdo con las más recientes estadísticas de la agencia federal, durante los últimos 12 meses se han arrestado unos 378.000 inmigrantes indocumentados en dicho sector.

Jeremy Schappell, vocero de la Patrulla Fronteriza sector Yuma dijo que desde el 1 de octubre de 2006 y hasta el 12 de septiembre de 2007, unos 1.572 inmigrantes indocumentados enfrentaron cargos bajo este programa.

La mayoría de los indocumentados apresados en este sector fueron enviados a un centro de detenciones al sur de la ciudad de Phoenix donde estuvieron un promedio de 30 días. La única excepción fueron padres de familia con sus hijos y personas de avanzada edad.

En esta región, los arrestos de inmigrantes indocumentados han descendido en 68 por ciento desde que fue puesta en marcha la operación de “cero tolerancia”.

Pero para activistas como García, esta es sólo una forma más de criminalizar al inmigrante indocumentados, ya que éstos enfrentarán cargos sin importar que carezcan de récord criminal o cuánto tiempo tengan viviendo en los Estados Unidos.

“Todos los miércoles la Corte Federal en Tucson está llena de casos de inmigrantes indocumentados cuyo único delito ha sido el entrar de manera ilegal a este país”, dijo García, abogada y miembro de la Oficina de Defensores Públicos del condado Pima.

En su opinión estas acciones son una consecuencia más del sentimiento anti-inmigrante que se vive en los Estados Unidos.

“Esto solamente se puede calificar como racismo, no puede ser que el pueblo estadounidense apoye todas estas acciones solamente en nombre del seguridad nacional”, manifestó.

Agregó que los únicos beneficiados serán las grandes compañías que tienen contratos millonarios con el Gobierno federal para construir y administrar más centros de detención en todo el país. VN