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TRAS LA MASACRE, LA IGLESIA EN MÉXICO CLAMA JUSTICIA PARA INMIGRANTES

MÉXICO (ZENIT.org-El Observador).- Ante el atroz asesinato de 72 personas ocurrido en el Estado de Tamaulipas, el episcopado mexicano ha pedido justicia y respeto para todos los inmigrantes, independientemente de su origen.

“Es un lamentable hecho que no puede quedar impune, ni con resoluciones exprés ni explicaciones de corto alcance por parte de quienes procuran la justicia en nuestro país”, ha afirmado en un comunicado de prensa Monseñor Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

“Esta masacre nos llena de dolor, preocupación e indignación por la saña con que opera el crimen organizado, mientras que los distintos niveles de gobierno con muchos esfuerzos, y no siempre con los resultados que la sociedad quisiera ver, buscan contener esta ola de violencia e inseguridad que azota a nuestra Patria.

Se estima que la mayoría de los cuerpos de las víctimas del atentado pertenecen a ciudadanos provenientes de países de Centro y Sudamérica que viajaron a México con el propósito de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pagando previamente a mafias de tráfico de inmigrantes.

“Así como exigimos que las autoridades de nuestro vecino país traten con respeto y dignidad a nuestros connacionales, en México, por parte de los Poderes de la Unión y de la misma sociedad, debemos aplicar a todos aquéllos que cruzan nuestras fronteras en busca de una mejor calidad de vida, un trato respetuoso y justo sin denigrar sus derechos”, asegura el representante del episcopado.

Por su parte, Monseñor Faustino Armendáriz, pastor de la diócesis de Matamoros, donde ocurrieron estos lamentables hechos, ha lanzado una campaña de oración “pidiendo al Señor de nuestras vidas que acoja a estos hermanos que murieron asesinados, y dé pronto consuelo y resignación a los familiares”.

FAMILIARES DE MINEROS ATRAPADOS AGRADECEN PALABRAS DE ESPERANZA DE BENEDICTO XVI
Los familiares de los 33 mineros que permanecen atrapados a 700 metros bajo tierra en una mina de Atacama agradecieron las palabras de apoyo que el Papa Benedicto XVI pronunció tras el rezo del Ángelus dominical.

El Papa saludó con afecto a los mineros, los encomendó a la intercesión de San Lorenzo y les aseguró su cercanía espiritual y continuas oraciones.

“Es bien importante que haya enviado ese mensaje. Está tan lejos y pensando en nosotros, en los 33 que están abajo, en las familias que estamos acá esperando que salgan”, señaló uno de las familiares a radio Cooperativa.

Euselia Cabezas, madre del minero Esteban Rojas, declaró al diario El Mercurio que está “feliz, contenta y muy agradecida. Fue lindo el saludo y el apoyo que nos mandó el Papa desde Italia. Todos hemos recurrido a San Lorenzo y a San Expedito en estos difíciles momentos”.

Se estima que las excavaciones para llegar hasta los mineros pueden tomar hasta cuatro meses. Aunque ya reciben agua, alimentos, medicinas y otros artículos de primera necesidad, el factor psicológico, nutricional y de salud en general, preocupan a los expertos que estudian las estrategias para mantener en buenas condiciones a los 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto pasado.

ARIZONA SUFRE LOS EFECTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY SB1070
PHOENIX. (EFE)- El estado de Arizona sufre los efectos económicos, sociales y políticos de la implementación de la ley estatal SB1070, mientras prosigue el trámite legal para anular la controvertida legislación.

Un mes después de la implementación de la ley, se han perdido cerca de 12 millones de dólares a consecuencia de la cancelación de cerca de 40 convenciones y reuniones por el boicot nacional en contra de Arizona, de acuerdo con estadísticas de la Asociación de Hoteles y Moteles del estado.

Mientras, los negocios en ciudades como Phoenix y Tucson continúan arrojando cuantiosas pérdidas debido a la combinación de la mala economía, la falta de clientela y el miedo a la SB1070 que han dejado un alto número de locales a la venta, en renta o simplemente vacíos.

La ley, que entró en vigor el pasado 29 de julio, también ha tenido un fuerte impacto social dentro de la comunidad hispana, especialmente entre los inmigrantes con o sin documentos migratorios.

“Vemos que la gente sigue viviendo sumida en el miedo, temor a ser arrestados por la policía que continúa deteniendo gente”, dijo Salvador Reza, activista y líder comunitario de la organización Puente en Phoenix.

Agregó que aunque una juez federal bloqueó los aspectos más controvertidos de la ley, la policía en Arizona sigue teniendo la opción de cooperar con las autoridades de Inmigración a través del programa federal 287(g).

“Creo que el mayor impacto que ha tenido la SB1070 es el temor, el miedo que obligó a mucha gente a dejar el estado, pero también este miedo nos ha obligado a organizarnos mucho mejor”, enfatizó Reza.

En su opinión, el efecto de la implementación de la SB1070 puede ser medido también en el alto índice de alumnos hispanos que no regresaron este año a las escuelas públicas de Arizona a mediados de agosto.

“En las escuelas hemos tenido un impacto muy serio, hay escuelas en el condado Maricopa que reportaron un descenso de alumnos de hasta un 30 por ciento”, enfatizó la directora ejecutiva de ACLU.

También aseguró que el miedo y la confusión son tan grandes que hay muchas familias hispanas en Arizona que no solicitan beneficios públicos, a pesar de ser ciudadanos o residentes legales.

TRABAJADORES DE EMPRESA FLORICULTORA DENUNCIAN DESPIDOS DEBIDO A ANTIGÜEDAD
Los ANGELES.- Un grupo de trabajadores de Nurserymens Exchange, una de las más grandes productoras de flores ornamentales de California, reclama el despido de 132 personas y la negativa de la empresa a reconocer su voto de sindicación.

“Es muy injusto. Antes cuando hacían recortes de personal lo hacían respetando a quienes teníamos más años y más experiencia, en cambio ahora retiraron a las personas que ellos quisieron”, dijo a Efe Rosalba Flores, quien llevaba 20 años trabajando con la compañía basada en Half Moon Bay, al noroeste de California.

Según denunciaron los trabajadores ante las autoridades del estado, aunque la empresa argumentó como razón de los despidos una baja en las ventas, mantienen personal a través de una empresa contratista.

“Ahora quieren que entremos a trabajar con la contratista sin ningún beneficio y con un pago de ocho dólares la hora”, reclamó Flores, quien al momento de su despedido, ganaba un poco más de 12 dólares la hora.

“La gente que estamos teniendo que dejar ir son empleados leales y productivos y entendemos las dificultades que ellos y sus familias enfrentarán”, afirmó en un comunicado Jack Pearlstein, presidente de Nurserymens Exchange, al referirse a los despidos a principios de julio.

Sin embargo, los directivos sindicalistas ven el recorte de personal como una forma de eliminar trabajadores con mucha antigüedad y altos salarios.

“Hay una señora que tiene 37 años trabajando allí y tuvo un accidente en una pierna y para ella es prácticamente imposible conseguir trabajo en otra parte”, explicó a Efe Efrén Barajas, vicepresidente nacional de la Unión de Campesinos (UFW) que apoya a los trabajadores.

La primera semana de agosto los trabajadores de la empresa votaron a favor de sindicarse, pero la compañía cuestionó la votación ante las autoridades laborales, pues en ella participaron los empleados que habían sido despedidos un mes antes.

“Cuando los trabajadores fueron despedidos sin previo aviso a principios de julio, acudieron a la autoridad laboral que ordenó a la compañía que les pagara un pre-aviso de 60 días que establece la ley agraria”, argumentó Barajas.

“A raíz de esa situación, cuando los trabajadores votaron aprobaron afiliarse al sindicato, todavía figuraban en la nómina de pago de la empresa”, agregó.

Según los trabajadores y sindicalistas, el ritmo de producción de la empresa no ha disminuido.

Los trabajadores esperan que las autoridades reconozcan la votación y obligue a la empresa a reconsiderar su decisión. De lo contrario, apelaran el caso ante una corte. VN

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