PROGRAMA 287G DEPORTA A INDOCUMENTADOS POR DELITOS MENORES, AFIRMA UN ESTUDIO

Al menos cinco condados de Carolina del Norte en los que funciona el programa 287g han deportado indocumentados por delitos menores, incumpliendo la finalidad del mismo, que busca expulsar a delincuentes peligrosos, afirma un estudio dado a conocer.

“Encontramos que la mayoría de los inmigrantes sin papeles fueron deportados por faltas de tránsito y no por crímenes serios”, dijo en un comunicado Hannah Gill, directora asistente del Instituto de Estudios de las Américas y coautora del estudio junto con Mai Nguyen, profesora de Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill (UNC).

Para dicho estudio se analizó la información proporcionada por los departamentos del alguacil de los condados Alamance, Cabarrus, Gaston, Mecklenburg y Wake donde se ha registrado una alta concentración de hispanos entre los años 2007 al 2009.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales establecer acuerdos con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que sus agentes ejerzan algunas funciones de inmigración.

Gill y Nguyen descubrieron que el 86,7% de los detenidos, cuyas huellas digitales fueron revisadas por los alguaciles durante el proceso de ingreso a las penitenciarías, estaban acusados de delitos menores en comparación con el 13,3% que estaban encerrado por delitos graves.

Gill resaltó que el programa otorga a las agencias locales del orden público una herramienta “para realizar investigaciones de crímenes violentos como tráfico de personas, actividades de pandillas, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros”.

“Los resultados apuntan a que las agencias en Carolina del Norte con el 287g no dan prioridad a lo estipulado por inmigración y en cambio se enfocan en faltas menores. Estos inmigrantes no representan una amenaza para la ciudadanía”, señala la investigadora.

Aunque los inmigrantes pueden salir de las cárceles bajo fianza mientras su proceso continúa en las cortes de inmigración, el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) también ofrece la deportación voluntaria que muchos firman, resalta el estudio.

“Los inmigrantes no entienden nuestro sistema judicial. Toman las decisiones sin información”, agregó Nguyen.

El trabajo calcula que el primer año de operación en Alamance costó 4,8 millones dólares y 5,5 millones en Mecklenburg. En ese condado se sitúa la ciudad más grande del estado, Charlotte, donde han sido deportados más de 6.000 inmigrantes desde 2006.

“Los ciudadanos terminan pagando por todos éstos programas bien sea por impuestos federales o estatales”, concluyó Gill. VN