LA LEY SB1070 SIGUE DIVIDIENDO OPINIONES A UN AÑO DE SU FIRMA

Phoenix.- Un año después de la firma de la ley SB1070, la inmigración ilegal continua dividiendo a Arizona, entre los que califican de “exitosa” la legislación y quiénes aseguran que ha causado un gran daño a la imagen y economía del estado.

En los últimos doce meses han sido constantes las protestas y las denuncias en contra de las consecuencias sociales, políticas y económicas que la ley estatal, la primera en criminalizar a los indocumentados en el país, ha tenido dentro y fuera del estado.

Con la firma de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, la SB1070 se convirtió en ley el 23 de abril del 2010, desatando una polémica que sigue hasta la fecha.

“Arizona dejó de ser un estado para los inmigrantes desde hace mucho tiempo”, dijo a Efe Omar Ruiz, un vendedor ambulante de golosinas en Phoenix.

Ruiz, quien por su trabajo recorre todos los días los barrios hispanos en esta ciudad, sostuvo que el temor continua entre la comunidad inmigrante, con o sin “papeles” para trabajar.

“Muchas familias se han ido del estado, lo puedes ver en las casas vacías y los negocios cerrados”, dijo el inmigrante mexicano de 34 años.

A pesar de tener sus documentos migratorios en regla, desde que se firmó la ley SB1070 Ruiz afirma sentirse “más discriminado” por ser hispano.

“Hay mucha gente que te ve en la calle y te ve diferente, algunas veces inclusive me han gritado insultos racistas desde autos que pasan junto a mí”, aseguró.

Según un análisis del Centro para el Progreso Americano (CAP), con sede en Washington D.C., el boicot económico en contra de Arizona a raíz de la firma de la SB1070, le ha costado al estado más de 140 millones de dólares, siendo el sector turístico el más afectado.

A pesar de estas cifras, el senador estatal Russell Pearce, principal impulsor de la SB1070, calificó la legislación de “un éxito”.

“No vamos a retroceder, haremos lo que tendremos que hacer por defender nuestro estado”, dijo legislador republicano a Efe.

Aunque a principios de este mes la Corte de Apelaciones del Circuito Nueve rechazó una petición del estado de Arizona para permitir que la SB1070 entre en vigor en su totalidad, Pearce está convencido de que el Supremo decidirá a favor del derecho que tienen los estados de proteger a sus ciudadanos.

Una juez federal en Arizona bloqueó temporalmente algunas de las partes más controvertidas de la SB1070, entre ellas la que obligaría a las agencias del orden locales a verificar el estatus migratorio de las personas “sospechosas” de ser indocumentadas.

El legislador, conocido por sus múltiples iniciativas en contra de la inmigración ilegal, sufrió un fuerte revés durante la presente sesión legislativa al no lograr la aprobación de cinco nuevas legislaciones, entre ellas dos que pretendían negar la ciudadanía automática a los hijos de indocumentados nacidos en EEUU.

Otra más pretendía obligar a los hospitales a verificar el estatus migratorio de las personas que acudieran a solicitar atención médica.

Ayer, horas antes de que terminara la sesión legislativa, fueron aprobadas dos medidas, una que permite al estado de Arizona recaudar fondos para construir un muro fronterizo y otra que otorga cinco millones de dólares para el condado Pinal, considerado un corredor de traficantes de humanos y de drogas.

Nuevamente será Brewer quien decida firmar o vetar estas iniciativas durante las próximas semanas.

A pesar de la decisión de la Corte de Apelaciones de mantener las restricciones en contra de la SB1070, para activistas como Salvador Reza, es muy distinta la realidad que se vive en las calles de Arizona.

“Hay mucha gente que está siendo detenida por la policía y cuestionada sobre su estatus migratorio, lo que ha resultado en su deportación”, declaró a Efe Reza.

Estudios estiman que la SB1070 fue la causa de que entre 100.000 a 200.000 personas hayan dejado el estado en el último año. VN