LA IGLESIA EN PARAGUAY DENUNCIA LA SITUACIÓN DE CORRUPCIÓN Y VIOLENCIA

La Iglesia en Paraguay aprovechó los días 14 y 15 de mayo, fechas conmemorativas de la independencia nacional de 1811, para denunciar la corrupción y la violencia que reinan en el país y responsabilizar al Estado por la situación.

«Existe un recrudecimiento de la violencia», subrayó el 15 de mayo monseñor Celso Yegros, obispo de Carapeguá, en la celebración religiosa principal con motivo del aniversario de la independencia, en presencia del presidente de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, en la Catedral Metropolitana de Asunción.

Por su parte, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) emitió un duro comunicado sobre el mismo aspecto titulado «Por la vida y la paz», el pasado 11 de mayo en el que también señala el recrudecimiento de la violencia en sus distintas formas, mencionando secuestros y otros crímenes violentos y hechos de corrupción.

Según el órgano episcopal, «la sociedad paraguaya vive en la actualidad un recrudecimiento de la violencia y de la inseguridad, traducidas en asaltos, secuestros, crímenes violentos y hechos de corrupción que evidencian la persistencia del grave deterioro del tejido social y moral de la nación, denunciada por los Obispos en diversos momentos de la historia de nuestro país».

Frente a esta situación, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya «manifiesta su palabra de denuncia y de exhortación a respetar la vida de las personas y a construir las condiciones para una convivencia pacífica».

La Oficina de Prensa de los obispos paraguayos se refiere, en primer lugar a la corrupción que «profundiza la pobreza»: «Los hechos de corrupción denunciados en los últimos tiempos y que están relacionados con gestiones del Ministerio de Educación como el programa de la merienda escolar, así como la distribución de materiales de estudio; con el Ministerio de Agricultura y el programa algodonero; con el Ministerio de Salud y la distribución de los kits para el parto, entre otros, además de profundizar la desconfianza hacia la gestión de los organismos públicos, indignan y ofenden la conciencia ciudadana, pues distraen recursos vitales para el presente y el futuro de miles de niños, de las familias campesinas más pobres y de la atención adecuada a la salud materna».

«Los hechos y las instituciones mencionadas –añade el comunicado– son sólo un ejemplo de cómo la corrupción priva al país de los recursos necesarios para mejorar las condiciones de vida de nuestros compatriotas que, ante la falta de alternativas y el empobrecimiento creciente, abandonan el campo y la patria».

«La corrupción es una violencia contra el país y contra su gente, más aún si no se castiga a los responsables y no se recupera lo robado», subraya la Oficina de Prensa episcopal.

Añade que «la enseñanza social de la Iglesia sostiene que entre las causas que en mayor medida concurren a determinar el subdesarrollo y la pobreza de los países se encuentran el analfabetismo, las dificultades alimenticias, la ausencia de estructuras y de servicios, la carencia de medidas que garanticen la asistencia básica en el campo de la salud, la corrupción, la precariedad de las instituciones y de la misma vida política. (Compendio de la DSI, 447)».

En segundo lugar, el comunicado subraya que «la convivencia pacífica es fruto del respeto a la vida y a la dignidad de las personas».

En este sentido denuncia «el aumento de la violencia criminal con los asaltos, secuestros y asesinatos violentos, con fuertes indicios que involucran a las propias instituciones de seguridad del Estado».

«El Estado –indica el comunicado– tiene la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos en el marco del estricto respeto a la dignidad de las personas y a las garantías que confieren la Constitución y las leyes. En ningún caso se pueden admitir situaciones que podrían interpretarse como una posible extralimitación en las atribuciones de los organismos públicos de seguridad y de sus funcionarios».

«La violencia genera más violencia –añade–. Es necesario construir la convivencia pacífica al amparo del Estado de Derecho».

«La debilidad e ineficiencia de los poderes públicos y de los organismos de seguridad del Estado para proteger a sus ciudadanos –indica el comunicado– mueve a la Iglesia a exhortar a las autoridades a adoptar todas las medidas para garantizar la vida de las personas».

Invita también a todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, así como los ciudadanos y ciudadanas, a «asumir su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y contra la violencia, cualquiera sea su origen».

Finalmente, indica el comunicado «la Iglesia afirma que la paz es fruto de la justicia. La paz peligra cuando a las personas no se les reconoce aquello que les es debido en cuanto a su condición humana, cuando no se respeta su dignidad y cuando la convivencia no está orientada hacia el bien común. (Compendio de la DSI, 494)».

«Para vivir en una sociedad pacífica y lograr el desarrollo integral de los individuos y de la nación resulta esencial la defensa y la promoción de los derechos humanos y la puesta en práctica de una educación ciudadana que promueva la responsabilidad social y un compromiso firme con la construcción de una sociedad más justa», concluye la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal. VN