JUSTICIA PODRÁ ORDENAR DESDE MAÑANA IMPLANTAR POLÉMICA SECCIÓN DE LEY SB1070

Phoenix (Arizona).- La Justicia estadounidense podrán ordenar a partir de mañana la cancelación de la suspensión temporal del polémico artículo 2(b) de la ley SB1070 de Arizona, que autoriza a los agentes a cuestionar el estatus migratorio de los detenidos ante la mera sospecha de que sus estatus sea ilegal.

Sin embargo, existen aún muchas dudas sobre la fecha exacta en que podría entrar en vigor ese artículo, ya que su aplicación ha sido objeto de una nueva demanda que podría ser admitida a trámite por la Justicia de este país.

Grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes ya habían denunciado ése y otros artículos de esta dura ley, lo que llevó al Tribunal federal de Arizona a ordenar la suspensión temporal de su aplicación, hasta que se determinara su constitucionalidad.

El Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos se pronunció el pasado junio y dijo que varios de los artículos denunciados eran inconstitucionales, pero sí dio el visto bueno al 2(b).

Así, estableció que las autoridades judiciales podrían levantar la orden de suspensión pasados 25 días, un plazo que fijó por si había otras partes que quisieran recurrir la decisión.

Daniel Ortega, activista y abogado en Arizona explicó hoy a Efe que esa fecha vence este viernes, pero insistió en que es sólo una fecha tentativa. “Esto no quiere decir que mañana nos vamos a despertar y la sección 2(b) estará en vigor”, aclaró.

En ese sentido, indicó que previamente el Tribunal de Apelaciones del Circuito Nueve, con sede en San Francisco (California) y con jurisdicción sobre Arizona, debe pronunciarse al respecto.

Las dos opciones de esa corte son o bien anular la orden interpuesta en 2010 por la juez federal Susan Bolton en Arizona para detener temporalmente la aplicación de esa disposición, o bien transferir esa decisión al Tribunal Federal de Arizona.

Si es así, correspondería a esa instancia determinar si levanta la suspensión y establece una fecha de entrada en vigor, o si la mantiene y estudia la demanda interpuesta el pasado martes por una coalición de organizaciones civiles y defensores de los derechos humanos.

“Nadie sabe exactamente cuándo puede suceder esto, pero antes de que pueda entrar en vigor una Corte, ya sea la de Apelaciones o la Federal de Arizona, deberá pronunciarse y determinar una fecha”, explicó el abogado.

La demanda interpuesta por una coalición de grupos cívicos, religiosos y defensores de los derechos humanos pide al tribunal federal de Arizona que impida su puesta en marcha argumentando que los inmigrantes, en particular los latinos, serán los más perjudicados por la discriminación racial y posibles detenciones prolongadas.

El Supremo ya advirtió cuando se pronunció al respecto de los posibles problemas constitucionales que acarrearía la sección 2(b), aunque no la anuló, e incluso dejó abierta la posibilidad de que esa controvertida cláusula diera pie a otras demandas.

La coalición argumentó ante la juez que los partidarios de la SB1070 han recurrido a “hechos falsos” para que, a través de esa cláusula, se discrimine a los latinos, que conforman poco más del 30 % de la población en el estado.

Según la coalición, si las autoridades permiten su entrada en vigor, ésta violará la cuarta enmienda de la Constitución y el principio, ya avalado por el Supremo, de que sólo el Gobierno federal puede hacer cumplir las leyes de inmigración en este país. VN