¿HABRÁ UNA REFORMA DE INMIGRACIÓN ESTE AÑO?

A primera vista, la respuesta parece depender de la suerte que corra el ambicioso plan del Presidente Obama para resucitar la economía. Estados Unidos atraviesa la crisis económica más espantosa desde los tiempos de la Gran Depresión. El viernes se anunció que la tasa de desempleo en California es ahora de 10.1%, y es todavía más elevada en Los Angeles, Inland Empire (es decir, San Bernardino y Riverside) y las áreas donde se concentran los hispanos, sobre todo debido a la caída de la construcción y el desplome del negocio de bienes raíces. En vista de esta postración económica casi sin precedentes, puede darse por seguro que la competencia por el empleo se va a volver más feroz. En la prensa ya se lee sobre ex ejecutivos que ahora se ganan la vida limpiando edificios. Salvo un pequeño porcentaje de la población, que tiene recursos para adquirir los bienes y las propiedades que otros están perdiendo o vendiendo a precio de remate, esta recesión afecta a casi todos.

En épocas de deterioro económico como la actual, los primeros en perder el trabajo son los inmigrantes, y para ellos no hay protecciones como fondo de desempleo o Welfare. En tiempos como estos es además frecuente que se culpe a los indocumentados por la bancarrota del país. Hay que recordar que la Proposición 187, que pretendía bloquearle el acceso a las escuelas públicas a los hijos de los trabajadores sin papeles a principios de los 90, se produjo en un momento parecido.

Aunque, si se mira bien, en los últimos ocho años ha habido una profusión de disposiciones parecidas aprobadas en distintas ciudades, incluso estados del país. Lo que ha facilitado esta cosecha de leyes antinmigrantes, por supuesto, es el vacío legal que produjo el fracaso de los esfuerzos por reformar las leyes de inmigración en el Congreso.

A falta de una legislación que regularizara la presencia de millones de trabajadores extranjeros, otorgándoles las debidas protecciones, en la práctica la política de inmigración ha estado en manos de personas como Lou Dobbs, el agitador antiinmigrante de la cadena de noticias CNN y el sheriff del condado de Maricopa, Arizona, Joe Arpaio, convertido en una especie de gran inquisidor antiinmigrante. Lo que es más, desde los inicios de los 90 (pasando por los años de la presidencia de Bill Clinton), como expuso recientemente la sección editorial de The New York Times, la estrategia del gobierno federal sobre inmigración se puede resumir en el lema “Depórtenlos a todos”. Un estudio de Pew Hispanic Center citado por ese diario asegura que el 40% de todas las personas procesadas en los juzgados federales en 2007 fueron hispanos, el 81% de ellos por faltas no violentas –como haber ingresado al país sin papeles para buscar trabajo.

En años anteriores las propuestas para reformar el sistema de inmigración dejaron ver que hay un buen número de legisladores de ambos partidos que ven la cuestión de los inmigrantes como un asunto que hay que resolver tarde o temprano. Los sondeos de opinión también revelaron que una mayoría de la población, al menos en ese entonces, se inclinaba por la regularización de la población indocumentada.

Aun en medio de este torrente de ataques y crisis sin precedentes, se están produciendo indicios de que el impulso por llevar a cabo la reforma de inmigración no se ha debilitado. La semana pasada, la congresista demócrata Nydia Velázquez, de Nueva York, anunció que planea celebrar audiencias en todo el país para recoger testimonios sobre los abusos y fallos que plagan el sistema de inmigración. National Immigration Forum, una de las organizaciones que más vigorosamente promueven una reforma en este campo, declaró que algunos encargados claves del Congreso están moviendo las cosas en esa dirección.

El Foro también aplaudio los recientes nombramientos de John Morton como subsecretario a cargo de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE), y de Esther Olavarria como encargada de políticas ejecutivas del Departamento de Seguridad Nacional. Según esta organización, se trata de individuos de quienes puede esperarse un enfoque más humano y justo de la situación que presentan los aproximadamente 12 millones de trabajadores inmigrantes que viven y trabajan en este país.

Otra señal positiva en estos días ha sido la confirmación de la congresista de Los Angeles Hilda Solís como secretaria de Trabajo de la Administración Obama. Hija de inmigrantes, Solís entiende bien las razones que empujan a millones a abandonar sus terruños y a ganarse el sustento cosiendo prendas en una fábrica, aparcando autos en un estacionamiento o pizcando uvas bajo un sol abrasador, ganando poco (para los estándares de Estados Unidos) y sin las protecciones de la ley.

Todos estos son avances que dan pie para el optimismo. Incluso se puede argumentar que la regularización de los trabajadores indocumentados es imprescindible para que el país supere la recesión. Dar a esa población plenos derechos no sólo será un acto de justicia, sino que va a desencadenar un potencial enorme, pues se trata de un ejército de trabajadores probado en las peores adversidades, y dotado de entusiasmo y energía inagotables. Hay que suponer además que Estados Unidos no va estar por siempre postrado, y que necesitará cada brazo y cada mente disponible para reconstruir su economía. Es que el día que este país deje de interesar y atraer inmigrantes, será porque se ha vuelto irrelevante. VN