FUERZAS UNIDAS POR EL INMIGRANTE

Juntar esfuerzos para elevar la educación de la sociedad en general sobre los derechos migratorios, proveer servicios humanitarios y salvaguardar los derechos humanos y legales de quienes son deportados, fueron las conclusiones de la reunión sostenida por un grupo de líderes comunitarios y religiosos de Los Angeles.

“Los hemos invitado aquí para que platiquemos y encontremos soluciones comunes ante las redadas de ICE que han impactado la vida de las personas, especialmente los niños y sus familias, por consecuentes arrestos y deportaciones”, dijo el Obispo Auxiliar Oscar Solis durante una reunión con 19 líderes en la sede de la Arquidiócesis de Los Angeles.

Según Catholic Legal Inmmigration Network Inc. (Red Católica Legal de Inmigración o CLINIC, por sus siglas en inglés), en la actualidad existen 1,400 personas detenidas que necesitan todo tipo de atención, especialmente legal, pues carecen de conocimientos sobre sus derechos en esta área.

La organización no lucrativa ha contratado a cuatro abogados para atender a la mayor cantidad de detenidos posible, y ha reunido a 90 abogados que trabajan gratuitamente llevando casos y recopilando la información completa de los detenidos, que muchas veces permanecen en espera de ser deportados hasta seis meses, como es el caso de los nicaragüenses, dijo Adilia Somoza, vice cónsul de Nicaragua.

México, El Salvador y Honduras son los países más afectados por las redadas debido a la alta cantidad de deportaciones emitidas contra nativos de esos países, dijo el cónsul de El Salvador William Jarquín.

“Este es un asunto muy difícil”, dijo el diplomático. Aseguró que en el consulado salvadoreño se limitan a ofrecer información a las familias que enfrentan la detención de uno de sus miembros. “Este es un asunto que debe tratarse a más altos niveles, allá en Washington D.C.”, agregó Jarquín.

Los líderes presentes estuvieron de acuerdo en que deben aunar esfuerzos para reunirse con Homeland Security (Seguridad Nacional) para encontrar medidas que reduzcan las redadas y deportaciones, de las que algunos cuestionaron su legalidad.

“Los agentes de ICE no aconsejan (a los detenidos) sobre sus derechos para notificar su situación a los consulados, tampoco les permiten hacer llamadas al consulado o a sus familiares, a lo cual deberían tener derecho”, dijo Vivian Panting, cónsul general de Honduras.

La diplomática sugirió que los agentes de ICE podrían abrir una línea telefónica gratuita (número 800) para que los detenidos tengan la posibilidad de hacer llamadas a los consulados explicando su situación. Panting planteó, además, que los oficiales podrían extender a los detenidos una carta en español explicándoles sus derechos y una vez leída éstos deberían firmarla.

“Todos los detenidos son seres humanos, más allá de cualquier nacionalidad o estatus legal. Hasta los criminales tienen derecho a recibir una explicación de sus derechos”, dijo Panting.

La mayoría de los líderes presentes en la reunión expusieron que hacen esfuerzos para educar a los familiares de los detenidos y a la comunidad inmigrante en general sobre asuntos migratorios.

Los cónsules de México, El Salvador, Honduras, Filipinas y Nicaragua cuentan con servicios para atender a las familias y promueven entre sus connacionales la importancia de estar bien informados sobre cómo reaccionar ante las redadas, qué esperar, qué hacer con los niños detenidos o aquéllos cuyos padres son detenidos y/o deportados.

“Enviamos un mensaje a la comunidad a tomar ventaja de los servicios de consultoría legal”, expresó Marco Antonio Fraire, cónsul de México. “Somos el puente entre los detenidos y sus familiares y ofrecemos servicios sociales cuando alguien solicita su repatriación voluntaria”.

En el caso de Nicaragua, la situación de los detenidos ha tomado un giro distinto, pues la cantidad de éstos ha disminuido a 89 personas en lo que va del 2008, comparado a los 300 detenidos en 2007.

Sin embargo, la vicecónsul, Adilia Somoza, afirmó que debido a que los deportados deben viajar en un avión comercial, éstos esperan de cuatro a seis meses hasta que las líneas aéreas que viajan a Nicaragua abren un espacio. Mientras, las personas permanecen prácticamente incomunicadas en centros de detención.

Para palear esta situación, el consulado ha comenzado a extender documentos provisionales de viaje de 30 días en lugar de los 180 días que antes expedía, para ejercer presión sobre las autoridades migratorias estadounidenses.

Las organizaciones no lucrativas también han aumentado sus esfuerzos educativos y de información a la comunidad inmigrante local y nacional.

Ron López y José L. Gutiérrez, ambos de la organización Caridades Católicas, explicaron que usan los materiales educativos de CLINIC para informar de sus derechos a los miembros de las diferentes parroquias que visitan en el condado de Los Angeles.

La organización se ha constituido en un defensor de una reforma comprensiva para los inmigrantes.

“Hay que analizar la ley migratoria y promover que exista una agresiva ley local”, dijo Gutiérrez. “Debemos crear una atmósfera proinmigrante resaltando algunos valores como la contribución de los inmigrantes a la economía local y que las redadas dañan a la ciudad de Los Angeles en su totalidad”.

Chirla tuvo un planteamiento similar. “Hay que detener las redadas”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la organización defensora de los derechos de los inmigrantes. “Se han invertido miles de millones en esta política que es un fracaso”, dijo Salas.

El sacerdote Richard Estrada, pastor de la iglesia Nuestra Senora Reina de los Angeles, agregó que los detenidos deben tener derecho a cuidado pastoral, además de los derechos civiles y legales, todos los cuales están incluidos en el documento de la Convención de Ginebra.

El grupo de líderes acordó sostener una próxima reunión para explorar aún más los esfuerzos comunes, así como los recursos disponibles y estrategias a seguir. VN