FIJAN PARA ENERO LA PRÓXIMA VISTA CONTRA EL EXMILITAR SALVADOREÑO MONTANO

Washington.- El juez federal Douglas Woodlock fijó para enero la próxima vista del caso contra el exmilitar salvadoreño Inocente Orlando Montano, vinculado con la matanza de seis jesuitas en 1989 y acusado en Estados Unidos de dos cargos de perjurio y fraude migratorio.

Montano, de 69 años, había acudido ante Woodlock para responder a las acusaciones de haber hecho declaraciones falsas en formularios de inmigración y de cometer perjurio para permanecer en Estados Unidos.

Según fuentes cercanas al proceso judicial, Montano, a través de un intérprete, tenía previsto declararse este lunes culpable de los dos cargos.

“Al principio, la Fiscalía y la defensa habían logrado un acuerdo para que Montano se declarara culpable de un cargo de fraude migratorio y otro de perjurio. No se llegó a un acuerdo sobre qué sentencia obtendría Montano, aunque éste aceptaría la deportación a El Salvador”, dijo una fuente judicial que pidió el anonimato.

Cuando durante la vista Woodlock enumeró a Montano los derechos a los que renunciaba y el requisito de que se declarase culpable, las cosas cambiaron, agregó la fuente.

“A través de su abogado dijo que él no mintió intencionadamente en su formulario del TPS (Estatus de Protección Temporal) respecto a su participación en el Ejército salvadoreño. Previamente le había hablado al juez de sus 30 años en el Ejército. El juez abruptamente le pidió a la defensa que regrese a la Corte el 11 de enero”, precisó.

Durante la vista, Woodlock hizo mención del caso contra Marko Boskic, vinculado con una matanza de 1.200 personas en Srebrenica y condenado en Estados Unidos también por fraude migratorio.

La abogada Carolyn Patty Blum, del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés), una organización humanitaria que ha seguido de cerca el caso, también detalló en su cuenta de Twitter que el juez fijó una nueva audiencia para el próximo 11 de enero.

Montano ha estado en Estados Unidos desde al menos 2001. En 2002, solicitó y obtuvo el TPS, que este país da a quienes no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles o desastres naturales.

Los documentos presentados en el tribunal indican que tanto en su solicitud inicial para el TPS como en otras peticiones para renovarlo, el coronel retirado negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona, o haber recibido capacitación militar.

El cargo de perjurio se debe a que Montano, de hecho, fue miembro de la clase militar de 1966, conocida como “La Tandona”, y que contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador (1979-1992).

Montano estuvo al frente de varios batallones y brigadas del Ejército hasta que fue ascendido a viceministro de Seguridad Pública (1989-1992). Se retiró del Ejército en 1994.

Un documento presentado el pasado 29 de noviembre citó un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que asegura que hubo “pruebas sustanciales” de que Montano conspiró con otros oficiales del Ejército para planear y emitir una orden para la matanza de seis sacerdotes jesuitas, su empleada doméstica y la hija de ésta.

En noviembre de 1989, los sacerdotes españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Armando López, Ignacio Martín Baró y Juan Ramón Moreno, así como el jesuita salvadoreño Joaquín López y López, y dos empleadas domésticas que trabajaban con ellos, Elba y Celina Ramos, fueron asesinados por un escuadrón dentro del campus de la Universidad Centroamericana.

El pasado 2 de diciembre, el Gobierno español acordó solicitar la extradición de una decena de ex militares salvadoreños, entre ellos Montano, bajo cargos de conspiración y asesinato de los cinco jesuitas y tres ciudadanos salvadoreños, así como de crímenes contra la humanidad y terrorismo.

El CJA ha dicho que continúa trabajando con las autoridades de Estados Unidos, El Salvador y España, “para asegurar que se cumplan las solicitudes de extradición y que, tras 22 años, los responsables de este atroz crimen rindan cuentas”.

Con sede en San Francisco (California), el CJA recurre a los tribunales para llevar ante la Justicia a personas implicadas en violaciones de los derechos humanos, y promueve el imperio de la ley en países en vías de transición de períodos de abuso. VN