FAMILIARES DE VÍCTIMAS SE OPONEN A LIBERACIÓN DE REOS COMO PARTE DE REFORMA

La liberación de presos para aliviar la carga económica del estado pone a la comunidad en peligro, según dijo Marc Klaas, padre de la niña Polly Klaas, cuyo rapto y asesinato en 1993 captó la atención del mundo.

Una versión de la reforma, que fue aprobada en el Senado la semana pasada, contempla no sólo reducir el presupuesto de las prisiones en 1.200 millones de dólares, sino también poner en libertad a unos 27.000 reos y revisar las penas a ciertos delitos.

Pero poner en libertad a reos antes de terminar sus condenas es algo difícil para Klaas, Mike Reynolds, y Harriet Salarno, quienes perdieron a sus hijos adolescentes a manos de criminales en serie, y temen por la seguridad de la comunidad.

“La gente no termina en prisión sólo porque sí. Los criminales están tras las rejas porque cometieron delitos, y no cambian de la noche a la mañana sólo porque el estado necesite ahorrar dinero”, dijo Klaas, cuya hija Polly fue raptada, violada, y asesinada en Petaluma, California el 1 de octubre de 1993.

Su agresor, Richard Allan Davis, estaba bajo libertad condicional cuando asesinó a Klaas, y fue condenado a la pena capital en 1996.

Otro criminal en serie, Douglas Walker, asesinó a la hija de Reynolds, Kimber, durante un atraco en 1992. La joven de 18 años fue baleada mientras caminaba por la calle.

“Es algo comprobado. Un 70 por ciento de los criminales que salen de prisión vuelven a cometer crímenes y vuelven a ser arrestados. Si se liberan a miles de criminales, nuestras comunidades van a ser victimizadas una y otra vez”, agregó Reynolds, autor de la ley Tres Delitos y Fuera.

Tres Delitos y Fuera impone una condena automática de por lo menos 25 años en prisión a criminales en serie, y es una de las leyes contra el delito más estrictas en la nación.

La reforma no alteraría esta ley.

“De haber estado esta ley en vigor hace 15 años, mi hija estaría viva todavía”, dijo Reynolds.

Sin embargo, los partidarios de la reforma insistieron a Efe que los criminales elegibles para liberación temprana serían únicamente aquellos considerados no violentos, ancianos, o enfermos.

Los reos serían supervisados con sistemas de posicionamiento global (GPS) o de hecho trasladados a otras instituciones, como asilos o lugares intermedios antes de ser incorporados a la sociedad.

“No va a ser algo automático ni que ponga la seguridad del público en riesgo”, dijo Francisco Castillo, portavoz del gobernador Arnold Schwarzenegger.

“Es incongruente que se esté hablando de supervisar a estos criminales cuando en todo el estado estamos viendo a departamentos de policía y del orden despidiendo a oficiales porque no tienen dinero. ¿Quién los va a vigilar? ¿Quién va a responder a llamadas de emergencia?”, cuestionó Salarno, presidenta de Crime Victims United of California, cuya hija, Catina, de 18 años, fue asesinada en Stockton en 1979.

Si el estado no aprueba una reforma sustancial, el Gobierno federal podría ser el que ponga en libertad a más de 40.000 reos para aliviar la superpoblación en las 33 prisiones de California.

Asimismo, los gobiernos locales podrían terminar pagando por estos gastos adicionales.

“Es cierto que es más barato mantener a un reo en un asilo que en una cárcel ya que no se está pagando por guardias. Pero entonces tenemos que preguntarnos ¿quién, cómo, y con qué dinero se van a abrir más asilos?”, opinó el profesor de leyes Franklin Zimring de la Universidad de California en Berkeley.

“Estamos a la espera de ver exactamente que es lo que se aprueba (en el Legislativo), porque nuestra preocupación es que las ciudades y los condados va a terminar pagando la cuenta de hospedar a estos criminales, de arrestar nuevamente a aquellos criminales en serie, etc.”, dijo Elizabeth Howard, de la Asociación de Condados del Estado de California (CSAC).

Howard añadió que las ciudades y condados están pasando por duros estragos económicos también, debido a los fuertes recortes presupuestarios impuestos por el gobernador y la Legislatura hace algunas semanas.

Para los gobiernos locales, aumentar impuestos podría ser parte de la solución. Sin embargo, en esto también están limitados debido a la Proposición 13.

Y es que esta medida, aprobada en 1978, limita el índice de impuestos que los gobiernos locales pueden imponer contra residentes.

“Los californianos han aprobado las leyes más estrictas contra el crimen en la nación, pero no la manera de pagar por ellas. Estamos viendo las consecuencias”, agregó Tim Hodson, experto en política de la Universidad Estatal de California en Sacramento (CSUS). VN