DEMANDA FEDERAL DEVUELVE ESPERANZAS MIENTRAS ARPAIO SEGUIRÁ CON REDADAS

Phoenix.- La esperanza renace en la comunidad inmigrante de Arizona después de que el Gobierno federal presentara el martes una demanda para frenar la Ley SB1070, mientras que el alguacil Joe Arpaio asegura que, con o sin la polémica ley, continuará arrestando indocumentados.

“No importa lo que pase con la SB1070, el próximo 29 de julio -el día en que está previsto entre la ley en vigor- llevaré a cabo mi próximo operativo en contra del crimen y de la inmigración indocumentada”, aseguró Arpaio.

El controvertido alguacil dijo estar “desilusionado” y al mismo tiempo “furioso” por la decisión del Gobierno de demandar al estado de Arizona.

“No me voy a dejar intimidar por una demanda del Gobierno federal, yo fue elegido por los votantes del condado Maricopa para aplicar las leyes y lo seguiré haciendo”, enfatizó Arpaio.

El alguacil es la única autoridad en Arizona que arresta a inmigrantes indocumentados bajo la ley estatal de sanciones de empleadores y la llamada ley anticoyote.

Sus operativos en las calles de ciudades como Phoenix y Guadalupe han culminado con el arresto y deportación de docenas de inmigrantes indocumentados, lo que puso a la agencia que dirige Arpaio bajo la mira del Departamento de Justicia que actualmente investiga acusaciones de prácticas de perfil racial en su contra.

“Tienen más de un año investigándome y hasta el momento no han dicho nada”, dijo Arpaio, en respuesta a la investigación federal en su contra.

El Departamento de Justicia presentó ayer una demanda en la Corte Federal en Phoenix en contra del estado de Arizona en la que cuestiona la legalidad de la ley estatal SB1070, programada para entrar en vigor el próximo 29 de julio.

En la demanda se indica que solo el Gobierno federal tiene la responsabilidad de aplicar las leyes de inmigración, un derecho que impide que los estados promulguen leyes que usurpan la autoridad federal.

La SB1070 es la primera ley en EEUU en criminalizar a los inmigrantes indocumentados y otorga funciones de agentes de inmigración a los departamentos policíacos, que tendrán la autoridad de cuestionar el estatus migratorio de individuos que “sospechen” se encuentran de manera ilegal en el país.

La noticia de la demanda presentada en contra del estado de Arizona por parte del Gobierno ha revivido la esperanza entre la comunidad inmigrante en Arizona que en los últimos años ha sido el blanco de una serie de leyes estatales que buscan penalizar y hacer más difícil la vida de personas “sin papeles”.

“Es muy duro poder explicarles a mis hijos que no los puedo llevar al parque porque tengo miedo de que me pueda detener el sheriff Arpaio”, dijo a Efe Rosa Maria Montiel, inmigrante indocumentada mexicana de 32 años de edad.

El esposo de Montiel fue despedido de su trabajo como asistente en la lavandería de un hotel cuando entró en vigor la ley estatal de sanciones de empleadores en enero de 2008.

Desde entonces ha tenido más de media docena de diferentes trabajos, pero últimamente se ha convertido en un jornalero más, pero si la SB1070 entra en vigor, no solo convertirá al joven matrimonio en criminales por ser indocumentados, sino también convertirá en un delito el solicitar trabajo en las calles.

“Esperamos que la corte frene esta ley, no es justa, no somos criminales, solo queremos una oportunidad de trabajar y vivir en paz con nuestros hijos”, dijo Montiel.

La madre de dos hijos tiene la esperanza de que las múltiples demandas en contra de la SB1070 y, sobre todo, la entablada por el Gobierno, sirvan no solo para frenar su implementación, sino también para impulsar una reforma migratoria integral. VN