DEFENSORES DE LOS INMIGRANTES APLAUDEN DEMANDA FEDERAL CONTRA LA LEY DE UTAH

Washington.- Grupos defensores de los inmigrantes en Estados Unidos aplaudieron hoy la decisión del Departamento de Justicia de interponer una demanda contra la ley de inmigración aprobada este año por el estado de Utah, como ya hizo con las de Arizona, Carolina del Sur y Alabama.

La ley HB497 de Utah buscó diferenciarse de la ley SB1070 de Arizona, en la que se basa, precisamente para evitar un recurso federal.

La demanda, anunciada por el secretario de Justicia de EE.UU., Eric Holder, se enfoca en tres secciones de la ley HB497: la que requiere que la policía local verifique el estatus migratorio de ciertos detenidos, la que permite el arresto sin órdenes para ello de supuestos indocumentados, y la que transforma en delito el alojar a sin papeles.

“Con la presentación de esta demanda, el Departamento de Justicia está tomando una posición firme y de principios contra la dura ley de inmigración del estado”, dijo Ali Noorani, director Ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración en un comunicado.

“Los estados están comprensiblemente frustrados con la falta de liderazgo federal en materia de inmigración, pero eso no implica que les dé la luz verde para tomar sus propias medidas punitivas, que son costosas, ineficaces y muy probablemente inconstitucionales”, añadió Noorani.

Noorani insistió en que no es responsabilidad de los estados regular la inmigración y apuntó que promulgar este tipo de leyes es un intento desesperado de legislar, aunque eso no exime al Congreso de trabajar en la “urgente” reforma migratoria, porque además “debe evitar que aparezca un mosaico confuso de leyes estatales”.

Elena Lacayo, coordinadora de inmigración del Consejo Nacional de La Raza, compartió la opinión de Noorani y dijo a Efe que la posición del Departamento de Justicia es un paso positivo para evitar que estas leyes atenten contra los derechos de los inmigrantes.

“El Consejo Nacional de La Raza apoya los esfuerzos del Gobierno federal para que estas leyes no sean aplicadas, y que además sean declaradas como inconstitucionales, porque hay muchos estados que se ven afectados por estos intentos de regulación”, dijo Lacayo.

“Los estados deberían tener cuidado al imitar las leyes de inmigración que se están llevando a cabo en otros, y deberían estudiar cuidadosamente las desastrosas consecuencias que su desarrollo está provocando”, dijo Benjamin Johnson, director ejecutivo del Consejo Americano de Inmigración.

Johnson explicó que aunque estas leyes tienen el presunto objetivo de controlar a los inmigrantes indocumentados, el impacto en los negocios, las familias y las comunidades demuestra que “las leyes son, de hecho, una carga y una amenaza para el bienestar de todos los residentes en estos estados”.

El abogado especialista en temas migratorios David Leopold dijo a Efe que inmigración “no es de la incumbencia de los estados” y añadió que este tipo de leyes, como la de Utah o Arizona, son “antiestadounidenses, antidemocráticas y anticonstitucionales”.

“Su objetivo es marcar a los latinos, lo cual es antiestadounidense, antidemocrático y viola todos los principios por los que mucha gente ha sacrificado sus vidas durante años para mantener a EE.UU. libre, y eso no es lo que nosotros somos”, insistió Leopold.

Las asociaciones defensoras de los inmigrantes y muchos expertos subrayan el peligro de que este tipo de leyes, como la de Utah, abran la veda de la criminalización del denominado “perfil latino”, que implica “una presunción de culpabilidad” en las personas de esta comunidad.

Esta es la segunda demanda en contra de HB497, ya que anteriormente la Unión de Libertades Civiles (ACLU, por las siglas en inglés) y el Centro Nacional de Leyes Inmigratorias (NILC) ya habían presentado una demanda conjunta.

Mientras esa demanda no se resuelva, la ley no podrá entrar en vigor, por lo que el fiscal general de Utah, Mark Shurtleffk, pedirá que se combinen ambas y que se postergue la audiencia judicial prevista para el próximo 2 de diciembre. VN

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