CORTE FEDERAL RECHAZA LEY CONTRA INDOCUMENTADOS EN LOCALIDAD DE PENSILVANIA

Washington.- Un tribunal federal de apelaciones rechazó una controvertida ordenanza en Hazleton (Pensilvania), aprobada hace cuatro años y que busca penalizar a quienes alquilen vivienda o den empleo a inmigrantes indocumentados.

El juez del tribunal federal de apelaciones del tercer circuito, Theodore McKee, explicó al emitir su dictamen que su función no es determinar si se justifica o no la frustración de las autoridades locales o estatales por la política migratoria actual.

Sin embargo, “estamos obligados a intervenir cuando los estados y localidades directamente minan los objetivos federales incluidos en los estatutos aprobados por el Congreso”, enfatizó McKee.

El tribunal consideró, básicamente, que la ordenanza para combatir la inmigración ilegal en Hazleton se atribuye funciones que le corresponden de forma exclusiva al Gobierno federal.

Tras el anuncio del dictamen por internet, la alcaldía de Hazleton, una pequeña ciudad de poco más de 30.000 personas en el noreste de Pensilvania, ha dejado en claro que llevará el caso ante el Tribunal Supremo de EEUU si es necesario.

La máxima corte del país ya ha dicho que escuchará los argumentos sobre una ley de Arizona de 2007 que penaliza a las compañías que a sabiendas contratan a inmigrantes indocumentados.

Arizona ya tiene otro litigio en las cortes después de que la juez federal Susan Bolton bloquease el pasado 28 de julio las partes más polémicas de otra ley, la SB1070, que criminaliza la presencia ilegal en ese estado.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ha prometido dar la lucha por la SB1070 hasta el Tribunal Supremo.

Ante la inacción del Gobierno federal respecto a una reforma migratoria, varios estados, ciudades y localidades sopesan o han adoptado sus propias leyes contra la inmigración ilegal.

En el caso de Hazleton, el alcalde republicano Lou Barletta presentó la medida en 2006 para combatir a los indocumentados a quienes, siguiendo la línea de los ultraconservadores, ha acusado de aumentar el crimen y de ser una carga pública para la ciudad.

Entre 2000 y 2006, la ciudad sirvió de imán para miles de inmigrantes hispanos de zonas aledañas a Filadelfia debido a su bajo costo de vivienda, baja tasa de criminalidad y disponibilidad de empleos en fábricas y campos.

Durante una rueda de prensa, Barletta expresó su malestar por el dictamen y afirmó que la “creciente frustración en todo el país” contra los indocumentados “no va a desaparecer hasta que el Gobierno federal finalmente resguarde nuestras fronteras y combata la inmigración ilegal”.

Pero varios grupos pro-inmigrantes, algunos de los cuales habían presentado una demanda para revocar la ley de Hazleton -que efectivamente quedó paralizada en las cortes-, aplaudieron el dictamen del tribunal.

Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, dijo en un comunicado que “la decisión unánime del tribunal de apelaciones debería poner fin a cualquier duda sobre la constitucionalidad de ordenanzas como la de Hazleton que intentan interferir o anteponerse a la jurisdicción federal en asuntos de inmigración”.

El dictamen se produjo en momentos en que arrecia el debate en Estados Unidos sobre cómo corregir el problema de la inmigración ilegal en el país.

Noorani dijo que ciudades como Fremont (Nebraska), Summerville (Carolina del Sur) y Albertville (Alabama), que sopesan medidas migratorias “deberían acatar la decisión de hoy de que la autoridad constitucional del Gobierno federal se antepone a las ordenanzas locales”.

En vez, aconsejó Noorani, esas y otras localidades en situaciones semejantes “deberían presionar al Gobierno federal a que finalmente resuelva el maltrecho sistema migratorio”. VN