CONCEJO DE ESCONDIDO APRUEBA UNA RESOLUCIÓN CONTRA INDOCUMENTADOS

El consejo de gobierno de la ciudad de Escondido ha aprobado nuevamente por mayoría una resolución por la que se trata de impedir que los inmigrantes indocumentados puedan alquilar lugares dónde vivir en su perímetro.

Al aprobar una resolución que reclama al Gobierno federal a permitir que “los gobiernos municipales” puedan inspeccionar “la situación legal migratoria de las personas”, el consejo ha atraído nuevamente “las luminarias de la prensa a nuestra ciudad”, indicó Dick Daniels, miembro del consejo que votó en contra de la resolución.

“Esta política nos va a traer mala reputación cuando la ciudad de Escondido necesite inversiones”, dijo Daniels.

Un 40 por ciento de los residentes de Escondido son hispanos, la gran mayoría de ellos de origen mexicano, y muchos residentes de otros grupos étnicos simpatizan con la posición de los hispanos de no dividir a la comunidad.

No obstante, la autora de la polémica ley que prohibiría alquilar a los indocumentados, Marie Waldron, ha advertido en la votación del miércoles que no sólo tratará de restablecer la ley de no arrendamiento, sino que planea continuar con otras iniciativas contra los indocumentados.

“No nos vamos a rendir, vamos a trabajar para fortalecer la ordenanza lo mismo que otras cosas que tienen que ver con la inmigración ilegal”, señaló Waldron.

La concejal planea utilizar el permiso que pudiera obtener la resolución para ir más allá de la prohibición de alquiler, analizando nuevas medidas que podrían impedir a los indocumentados estar en la ciudad.

La demanda colectiva que llevó al fin de la ley de prohibición incluyó a dos amas de casa indocumentadas hispanas que tienen hijos menores de edad nacidos en Estados Unidos, que se verían afectados por la medida.

Consuelo Martínez, la directora del Comité de los Derechos Humanos de Escondido, dijo a Efe que la resolución aprobada y las acciones que Waldron estarán bajo un riguroso escrutinio legal de organizaciones.

“Estamos llamando a la comunidad a organizarse contra esta política divisionista de Waldron y otros dos concejales”, señaló Martínez.

La resolución no dice a que autoridades se dirigirá la solicitud de “autorizar a los gobiernos municipales para inspeccionar” documentos de las personas que viven en Escondido.

Pero, según Martínez, aún si la autorización no llegase a concederse, la aprobación de la propuesta de resolución “crea nuevamente un ambiente de vigilancia que si ha de impactar a la ciudad”.

La alcaldesa de Escondido, Lori Holt Pfeiler, votó en contra de la resolución de la misma forma en que a finales del 2006 voto en oposición a la ley que iba a prohibir rentar a los indocumentados.

Por su parte, los tres concejales de gobierno que aprobaron la resolución, Waldro, Ed Gallo y Sam Abed, han expresado razones estéticas y presuntamente económicas para empujar la legislación y la nueva resolución.

Ed Gallo dijo que no es aceptable que los inmigrantes indocumentados vivan en garajes para automóviles o en números no convenientes para las casas, departamentos y condominios que se alquilan en Escondido.

Sam Abed dijo, por su parte, que la presencia de los indocumentados encarece la alquiler porque aumenta la demanda de lugares para vivir.

Daniel García, un dirigente de derechos humanos miembro de varios grupos en Escondido, señaló por su parte que esos concejales no están tomando en cuenta las aportaciones de los trabajadores indocumentados, que contribuyen a la economía de Escondido.

“Les están diciendo a los inmigrantes no queremos que estén aquí, pero sí que nos traigan el beneficio de su trabajo”, dijo García. VN