CAMPAMENTO DE TRABAJADORES LATINOS RECIBE NUEVO PLAZO PARA EVITAR CIERRE

El campamento Duroville que en épocas de alta cosecha alberga hasta 6.000 inmigrantes, la gran mayoría latinos que trabajan en el valle de Coachella, en California, recibió un último plazo para evitar su cierre.

En audiencia realizada, el juez Stephen Larson ordenó a la firma responsable del campamento ubicado en el condado Riverside que presente informes de los resultados sobre mejoras de seguridad y servicios realizadas desde abril, como se indicó cuando se le dio un plazo de 90 días al administrador.

Según señaló el magistrado, “hay una crisis de confianza” entre los representantes del gobierno federal que han demandado el cierre del campamento y la firma administradora, responsable de corregir los problemas de salud y seguridad del Parque de Casas Móviles Desert, localizado en la reserva indígena Torres-Martínez y conocido como “Duroville” por el apellido de su propietario Harvey Duro.

Buffy Lincoln, miembro de Foursquare First Nations, una organización que trabaja por el bienestar de los nativos americanos, explicó que, por soberanía, las reservas indígenas no responden a autoridades locales o estatales, aunque sí están sujetas a intervención federal.

Lincoln destacó la importancia de que se documenten las mejoras realizadas en el parque.

“Si Duroville está en el proceso de rectificar las infracciones en el parque de casas móviles, necesitan documentar el progreso y asegurar que se presente ante las cortes”, señaló Lincoln.

“El gran error no solo puede ser que 6.000 personas queden sin hogar, sino que un problema con solución como es la mala comunicación, sea la causa”, agregó.

En la audiencia ante el juez Larson, el asistente del fiscal Leon Weidman se quejó de que no ha recibido informes sobre el desarrollo de las reparaciones y mejores ordenados por la corte.

Por su parte, Thomas Flynn, responsable de la firma administradora del parque reconoció que ha habido falta de comunicación para informar las acciones realizadas.

Según explicó Flynn, se dispone de un préstamo de 3 millones de dólares para ayudar a solucionar los problemas del parque, que se utilizará en mejorar el sistema contra incendios, la recolección de aguas negras y el sistema eléctrico.

Si para el próximo 22 de agosto no se recibe pruebas satisfactorias de que se han cumplido al menos 14 de las 21 recomendaciones, el magistrado Larson estableció el 16 de diciembre como fecha tentativa para iniciar el juicio.VN