CALIFORNIA DEBATE CÓMO TRATAR A DROGADICTOS: CON CÁRCEL O TERAPIA

Una propuesta en California pretende que el estado ofrezca un periodo de prueba y nuevos recursos para el tratamiento de los consumidores de drogas que cometen delitos menores en lugar de enviarlos a la cárcel.

La proposición 5, conocida como Ley de Rehabilitación para el Ofensor No Violento (NORA, en inglés) que se votará en las elecciones del próximo 4 de noviembre, tiene enfrentadas a dos coaliciones.

Por el lado del sí están varias organizaciones como La Raza y La Sociedad de Medicinas Adictivas de California, entre otras, reunidas bajo la Campaña para Nuevas Políticas contra las Drogas y financiada por el multimillonario George Soros.

Este grupo defiende que la mejor forma de enfrentar el problema es dar más oportunidades a los infractores y buscar más fondos – alrededor de 120 millones de dólares anuales, solamente en el condado de Los Angeles- para tratamientos destinados a adultos y menores.

La propuesta busca extender los beneficios obtenidos con la Proposición 36, una reforma similar aprobada en 2000, gracias a la cual se realizan programas de rehabilitación que, según sus proponentes, ahorran al estado casi 2.000 millones de dólares al año.

“Lo importante es que la comunidad sepa que bajo la Proposición 5 van a recibir tratamiento en vez de ir automáticamente a la cárcel”, dijo César Portillo, director del centro comunitario Bienestar, ubicado al Este de los Angeles, un grupo que provee servicios de salud y terapias para latinos de bajos recursos.

También afirman que de aprobarse la medida se reduciría el número de prisioneros en las cárceles del estado y ahorraría millones de dólares al año.

Según cifras de estas organizaciones, California gasta alrededor de 10.000 millones de dólares al año en encarcelamiento, y muy poco en tratamiento.

Pero una coalición formada entre otros por el actor Martin Sheen (quien ha enfrentado el problema en carne propia al tener un hijo adicto), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos (Lulac), Madres Contra Conducir Ebrios (MADD, por sus siglas en inglés) y varias asociaciones de profesionales de la ley, rechazan la proposición aduciendo que para tener éxito, las víctimas deben ser responsables de sus actos.

Según este grupo, con la nueva ley bastaría decir “tengo problemas con las drogas” para evitar ir a la cárcel.

Además, Lulac afirma que se crearía una nueva burocracia para manejar los fondos destinados a los tratamientos, en lugar de seguir los programas que ya existen.

Angel Luévano, vicepresidente de Lulac para el oeste de California, dijo que “hay que usar los programas que existen y que han funcionado y no necesariamente cancelar todo y empezar una burocracia nueva para que en cinco años estemos peor”.

En otras palabras, los opositores de la iniciativa, quieren las cosas tal y como están y piden que las reformas se emprendan por otras vías, pues dicen que esta es una falsa reforma al sistema penitenciario del estado.

Las asociaciones de policías del Estado han expresado su rechazo y han catalogado la proposición como “la carta de los derechos de los narcotraficantes”.

Han insistido en que es una medida “mal concebida”, que pondría en peligro la seguridad de las comunidades de todo el estado.

En lo que concuerdan ambos bandos es que las cárceles de California están sobrepobladas, con un alto número de prisioneros relacionados con el problema de las drogas y que éste es un asunto que hay que resolver lo antes posible. VN