AUDIENCIA DE INMIGRACIÓN EN LA SUPREMA CORTE: LA DIGNIDAD HUMANA NO ES PARA DEBATIRSE

Esta semana la Suprema Corte de Estados Unidos escuchó argumentos de la controversial ley de inmigración de Arizona.

El caso ante la corte se enfoca en unas pocas provisiones de esta ley, pero el principio que está en juego es si el gobierno federal mantendrá total autoridad para promulgar y aplicar leyes de inmigración en este país.

Las implicaciones son enormes. Dependiendo de cómo la corte responda, se podría fundamentalmente alterar la manera en que nuestro país gobierne los asuntos de inmigración. En lugar de una ley federal que aplique a todos los estados, repentinamente tendríamos un mosaico de políticas de inmigración de 50 estados, las cuales podrían definir el sistema de inmigración de toda la nación.

En un amistoso escrito presentado en la corte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos sostiene que el gobierno federal está en la mejor posición para equilibrar los objetivos contrapuestos de hacer cumplir las leyes de inmigración, al tiempo que defiende los valores estadounidenses tales como la unidad familiar y la dignidad humana. Estos valores ayudan a definir a los Estados Unidos como una nación. Ellos no deben perder este punto de vista.

Leyes estatales como la de Arizona no siempre respetan estos valores estrechamente ligados a la sociedad, largamente consagrados en la ley de inmigración. En realidad, estas leyes amenazan con eliminar consideraciones de carácter humanitario de todo nuestro sistema de inmigración. Esto sería una tragedia no sólo para las personas sujetas a estas leyes, sino también para todos los estadounidenses.

Como pastor, soy el menos inclinado a hablar de principios legales involucrados en el caso, pero estoy profundamente preocupado de las consecuencias humanas si se mantiene la ley de Arizona.

En primer lugar, se crearía una sociedad que trata a hombres y mujeres nacidos en el extranjero como individuos que no contribuyen a la vida estadounidense, sino más bien como amenazas. La ley de Arizona permite a los agentes del orden detener legalmente a una persona, si tienen una sospecha razonable de que es indocumentada y no puede probar lo contrario. Esto fomenta un tipo de discriminación racial “por perfil” que es incompatible con el respeto tradicional de los Estados Unidos a la dignidad e igualdad humana ante la ley. Abre la posibilidad de que cada persona perteneciente a minorías étnicas se convierta en blanco de persecución, inclusive bajo el menor pretexto, algo así como tener rota la luz trasera de su automóvil. No hay manera de saber por el color de la piel de una persona si está “documentada”. Así que, inevitablemente, una ley como ésta puede causar confusión e injusticias no sólo para las personas indocumentadas, sino también para los ciudadanos de los Estados Unidos y para los inmigrantes “legales”.

En segundo lugar, la permanencia de la ley de Arizona podría acelerar una inquietante tendencia anti-familia que encontramos en la aplicación actual de leyes de inmigración en nuestra nación. En los últimos años, hemos sido testigos de un alarmante aumento en el número de padres indocumentados que son arrestados y deportados del país a la fuerza y separados de sus hijos ciudadanos. El tipo de leyes como la de Arizona no hará sino aumentar la posibilidad de que un niño que espera en casa a que lleguen sus padres a cuidarlo, nunca más pueda volver a verlos. Tenemos que guardar una profunda preocupación por los niños inocentes y la unidad familiar en nuestra política de inmigración. Si no lo hacemos, estamos ignorando el futuro de los 4 millones de inocentes niños ciudadanos estadounidenses que viven con uno o ambos padres indocumentados. Perder nuestra permanente preocupación por el bienestar de niños y familias por el hecho de reforzar esta ley, sería señal de un cambio profundo y dañino en nuestro carácter americano.

La ley de Arizona da a los funcionarios locales y estatales la total autoridad de actuar como “agentes de inmigración”. Este es un poder sin precedentes, y cambia la relación entre el gobierno y las comunidades de inmigrantes. Como muchos agentes del orden público testificarían, la confianza entre la policía y una comunidad es esencial para la seguridad pública. Es difícil crear esa confianza cuando los miembros de una comunidad son siempre un blanco potencial de perfiles criminales.

Lo más inquietante es que la defensa de la ley de Arizona cambiaría nuestra identidad americana como una nación acogedora, que nos ha servido bien desde nuestros inicios. Los objetivos del tipo de leyes como la de Arizona son para desalentar a los inmigrantes a venir y animar a irse a aquellos que ya están aquí. Tenemos que considerar cuidadosamente si esa es la señal que queremos enviar al mundo, dado que los inmigrantes y sus ancestros -de todos nosotros- construyeron este país y continuarán renovándolo.

Por supuesto, no deberíamos haber llegado a este precipitado momento. El Congreso y el Gobierno ya deberían haber reformado nuestro defectuoso sistema de inmigración. Espero que este caso sirva como un llamado de atención para ellos.

La decisión de la Corte Suprema de “Arizona contra Estados Unidos” marcará un momento crítico en la historia de la inmigración de nuestra nación. Nosotros podremos mantener la dirección que nos ha convertido en una gran nación, o por el contrario, embarcarnos en un camino más oscuro que nos debilita y divide. Oremos para que escojamos el camino correcto. VN

El escritor es el Arzobispo de Los Ángeles y presidente de “U.S. Conference of Catholic Bishops’ Committee on Migration”.