APLAUDEN DECISIÓN DE RETIRAR GRILLETES ELECTRÓNICOS A DETENIDOS EN REDADAS

Líderes de grupos defensores de los inmigrantes en Los Ángeles manifestaron su satisfacción por la decisión de una juez de inmigración de retirar los brazaletes electrónicos a los detenidos en una redada reciente.

“Hemos sido afortunados de que personas como la jueza (Lori R.) Bass y Bob Hildreth hayan tomado una posición para asegurar que a estos trabajadores de Microsolutions les sean reconocidos sus derechos constitucionales”, afirmó Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, en inglés).

“Esperamos que este ejemplo de compasión y respeto para todos sea imitado por otros”, expresó la activista el martes, quien resaltó que los trabajadores detenidos en las redadas son personas buenas, que “apoyan los valores de nuestra nación”.

La decisión de la magistrada de Inmigración de Los Ángeles Lori R. Bass obliga a retirar los brazaletes electrónicos que se habían impuesto como condición para salir de la cárcel a algunos -de los más de 130 trabajadores detenidos- en la redada de Van Nuys, al noreste de Los Ángeles, en febrero pasado.

En su decisión de la semana pasada, la jueza consideró que la utilización de un brazalete electrónico “causa la pérdida de una gran cantidad de libertad” de la persona que lo porta, y “requiere el confinamiento en un espacio específico”, según los registros de la Corte de Inmigración de L.A.

En consecuencia, Bass ordenó remover los brazaletes a las personas en custodia “sólo y sólo sí” pagan una fianza de 1.500 dólares. La empresa International Bank Services, donó 22.500 dólares para que fueran pagadas las garantías de 15 personas.

“La redadas que separan a las familias van contra los valores estadounidenses. Mi esperanza es que mi contribución sea el inicio de un fondo nacional de garantías para los trabajadores inmigrantes desplazados en toda la nación”, declaró Bob Hildreth, director ejecutivo de la compañía que donó el dinero.

La misma empresa había pagado 200.000 dólares de fianza el año pasado, para obtener la libertad de 40 indocumentados detenidos en redadas en New Bedford, Massachusetts.

Según señaló Salas, la decisión de la jueza es otra “victoria para las víctimas de la redadas en Microsolutions” y en todo el país. VN