ACTIVISTAS SON BLANCO CRÍTICAS Y AMENAZAS POR TRABAJO A FAVOR DE INMIGRANTES

Activistas y organizaciones de todo el país son blanco de críticas y amenazas debido a su trabajo en favor de la comunidad inmigrante, pero especialmente en Arizona, donde las medidas contra este colectivo han creado un verdadero “clima anti-inmigrante”.

“En Arizona la política oficial ‘favorece’ la presencia y la operación de grupos y personas anti-inmigrantes que se sienten protegidos por leyes”, dijo vía telefónica Arnoldo García, de la Red Nacional pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados con sede en California.

“Lo más peligroso es la influencia que estos grupos tienen en los medios de comunicación, con programas en la radio y en la televisión donde distorsionan la información sobre los inmigrantes indocumentados, lo que hace pensar a muchos que éstos no tienen ningún derecho en los Estados Unidos”, agregó.

García aseguró que él mismo recibe constantemente correos electrónicos de odio racial y llamadas amenazantes cada vez que hace una presentación pública.

En su opinión, dirigentes, políticos y activistas que tienen el “valor” de hablar a favor de una comunidad a la que muy pocos se atreven a defender públicamente, son fácilmente el “blanco” de ataques a los que calificó de “malintencionados”.

El activista puso como ejemplo el caso de Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, quien se encuentra en medio una controversia que ha acaparado la atención de los medios de comunicación.

La coalición, que tiene más de una década luchando a favor de los derechos de los inmigrantes y denunciando las muertes de inmigrantes en la frontera con México, organizó el pasado 11 de julio una protesta en una librería en Tucson donde se presentó a firmar su más reciente libro el polémico alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio.

Durante la protesta, un grupo de jóvenes rompió una piñata con la imagen de Arpaio, y García fue captada cargando la cabeza de la piñata con la cara del alguacil durante la manifestación.

Este hecho ha causado que en un programa de radio trasmitido a nivel local y que se opone a la inmigración ilegal cuestionaran el profesionalismo y la ética de la activista, ya que también se desempeña como defensora pública en el condado Pima.

La radio ha pedido a sus radioescuchas llamar y enviar cartas a los representantes del gobierno del condado Pima, pidiendo la destitución de García. El mismo Arpaio también envió una carta a los supervisores de este condado quejándose sobre la participación de la abogada en la protesta.

“Esta es una campaña para silenciarme y no lo voy a permitir”, dijo García.

“Quieren reprimir las pocas voces que denunciamos la ola de racismo en este estado”, agregó.

La activista manifestó estar defendiendo su derecho a la libre expresión, ya que cuando participó en la protesta lo hizo durante su tiempo libre y no como defensora pública.

“Como ser humano tengo derecho de expresarme y protestar cuando el poder del gobierno es utilizado para oprimir a la gente”, señaló la abogada.

Arpaio ha sido fuertemente criticado por activistas y políticos debido a una serie de operativos que ha realizado en Mesa, Phoenix y Guadalupe y que han culminado con el arresto de más de 200 inmigrantes indocumentados.

El también conocido como “sheriff más duro del oeste” fue demandado esta semana por cinco personas que aseguran haber sido detenidos en estos operativos solamente por ser hispanos, uno de ellos ciudadano estadounidense dijo haber sido arrestado frente a su negocio solamente porque estaba escuchando música en español.

La coalición informó que la próxima semana iniciará también una campaña de apoyo a García, pidiendo a la comunidad hispana expresar su apoyo por medio de cartas y llamadas a los Supervisores del condado Pima.

Por su parte, Alexis Mason, directora de la Coalición “No a la 200 en Arizona”, dijo que los activistas en general enfrentan actualmente tiempos muy difíciles.

Sostuvo que cuando llevaron a cabo reuniones para luchar contra la iniciativa 200, aprobada en 2004 por los votantes, miembros de grupos anti-inmigrantes se presentaron en varias reuniones para insultarlos, e incluso en una ocasión uno de ellos llegó armado.

La ley 200 niega a los inmigrantes indocumentados en Arizona el acceso a ciertos programas de asistencia pública. VN