TRIBUNAL SUPREMO DICTAMINA QUE UN CIUDADANO MEXICANO NO PUEDE SOLICITAR RESIDENCIA EEUU

El Tribunal Supremo de EEUU dictaminó hoy que el mexicano Humberto Fernández Vargas, deportado en 2004 tras 20 años de residencia en EEUU, no podrá solicitar la residencia permanente y luchar contra desagravios en las cortes.

Fernández Vargas fue deportado en virtud de una controvertida ley de inmigración que se le aplicó con más de 20 años de retroactividad.

Este ciudadano mexicano fue arrestado en Utah, donde llegó a montar una empresa de camiones, por agentes del Departamento de Seguridad Nacional en noviembre de 2003 y fue deportado en septiembre de 2004 porque había entrado ilegalmente en Estados Unidos en 1982.

Una ley de 1996 permite la deportación automática de personas que han entrado de forma ilegal en Estados Unidos en repetidas ocasiones y además les prohíbe solicitar cualquier tipo de alivio migratorio.

Esa misma ley también señala que los inmigrantes deportados de EEUU pueden reingresar en país tras permanecer diez años en su nación de origen.

Fernández Vargas había entrado varias veces en EEUU sin el debido permiso migratorio y recibió una orden de deportación en octubre de 1981, pero volvió a entrar ilegalmente en 1982.

Por ocho votos contra uno, el Tribunal ha decidido que el caso de Fernández Vargas debe regularse por la ley de 1996.

El hombre trabajó como camionero y en marzo de 2001 se casó con Rita Hernández, una ciudadana estadounidense, con quien tuvo un hijo que nació en EEUU.

Un mes después solicitó un ajuste migratorio para obtener la residencia permanente pero, al ir a la entrevista con los agentes de inmigración, en vez de recibir el “sí” para la “tarjeta verde”, fue arrestado.

A lo largo de todo el proceso legal seguido por Fernández-Vargas, los tribunales han estado divididos sobre el asunto, en momentos en que el Congreso estudia proyectos de ley para reformar el servicio de inmigración del país.

Dos tribunales de apelaciones han opinado que la ley de 1996 sólo puede aplicarse a los que han ingresado ilegalmente desde ese año.

Pero otros tribunales se han puesto del lado del Gobierno al argumentar que la ley que hace cumplir las órdenes de deportación se aplica con retroactividad ilimitada, tal como fue aprobada por el Congreso.

La decisión del Supremo afectará a miles de inmigrantes indocumentados en la misma situación que se encontraba Fernández Vargas. VN