PRESENTAN SEGUNDA DEMANDA CONTRA LEY ANTIINMIGRANTE EN ARIZONA

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y representantes de negocios presentaron una segunda demanda contra una ley estatal que penalizará a los negocios que contraten indocumentados en Arizona a partir del 1 de enero de 2008.

La querella se introdujo 48 horas después que un juez federal rechazara el viernes una primera demanda alegando que se había acusado de forma equivocada a la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, y al fiscal general de Arizona, Terry Goddard.

Esta vez, se nombra a cada uno de los 15 fiscales de los condados de Arizona que son los encargados de aplicar esa ley, informó hoy Julie Pace, abogada que representa a una coalición de negocios del estado.

Pace dijo que el argumento en contra de la ley HB2779 es el mismo, que se trata de un intento inconstitucional del estado de Arizona por regular la contratación de inmigrantes indocumentados, que es responsabilidad del Gobierno federal.

La abogada señaló que ahora también se agregó evidencia de que los negocios en Arizona sufrirán serios daños debido a que ya existen quejas en contra de negocios que supuestamente contratan a indocumentados, por lo que solicitarán esta información a las oficinas de los fiscales de cada condado.

Este es un punto vital para la demanda, ya que en su decisión, el juez federal Neil V. Wake sostuvo que otro motivo por el que había negado la petición de los demandantes es “porque no había evidencia de que alguien haya sido perjudicado por esta ley”.

La legislación obligará a los dueños de negocios a verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados con una base de datos establecida por el Gobierno federal conocida como “E-verify”.

También otorga el derecho a las autoridades de suspender hasta por 10 días la licencia de operaciones de un negocio que sea sorprendido contratando a trabajadores sin papeles. En caso de reincidir el permiso podría ser suspendido permanentemente.

Hasta el momento 14 de los 15 fiscales de Arizona han asegurado que no aceptarán denuncias anónimas en contra de negocios y que todas tendrán que ser por escrito y firmadas.

La única excepción ha sido el fiscal del condado Maricopa, Andrew Thomas, quien aseguró que a partir del 1 de enero aplicará la ley “en toda su extensión” y aseguró que su oficina aceptará e investigará todo tipo de denuncias, incluso las anónimas.

Actualmente, Thomas y el alguacil de Maricopa, Joe Arpaio, son las únicas autoridades en Arizona que aplican la ley estatal anti-coyote, que permite a las autoridades locales presentar cargos contra traficantes e indocumentados que hayan pagado por sus servicios.

“Si podemos presentar ante el juez los méritos necesarios para nuestro caso, estoy segura que podremos ganar, esta ley tiene muchas secciones que son inconstitucionales”, aseguró Pace.

Mientras tanto personas como Ricardo Carlo, representante de la Asociación de Contratistas Minoritarios de Arizona, uno de los 12 grupos demandantes, han pedido a la comunidad indocumentada esperar que el proceso siga su curso en la corte antes de tomar cualquier decisión.

“Creo que tenemos suficiente tiempo para frenar esta ley”, sostuvo.

Pese al mensaje, la sola posibilidad de que la HB2779 entre en vigor, ha provocado que algunos negocios hayan comenzado a despedir a sus trabajadores, mientras que muchos inmigrantes indocumentados han optado por buscar un mejor futuro en otros estados o simplemente regresar a sus países de origen. VN