LA CONFESIÓN ES SAGRADA

Por Monseñor José H. Gomez

Arzobispo de Los Ángeles

17 de mayo, 2019

San Mateo Correa Magallanes fue sacerdote y caballero de Colón. Y durante la persecución de la Iglesia que hubo en México en 1927, tuvo que tomar una decisión.

Él escuchaba las confesiones de los prisioneros que estaban detenidos en las cárceles, por el gobierno. Y de pronto, un general estaba apoyando un arma contra su cabeza, amenazándolo con matarlo si no revelaba lo que los prisioneros le habían dicho en confesión.

Mateo dijo: “Puedes hacer eso, pero debes saber que un sacerdote debe guardar el secreto de la confesión. Estoy dispuesto a morir”. Poco después, lo llevaron a las afueras de la ciudad y lo mataron.

Todo sacerdote toma muy en serio sus obligaciones como confesor.

Sabemos que es un hermoso deber y privilegio guiar a las almas y concederles el perdón en nombre de Dios. Mateo y muchos sacerdotes a lo largo de los siglos han elegido sufrir en lugar de traicionar la confidencialidad de lo que escuchan en confesión.

La confesión es sagrada para todo sacerdote y para todo católico.

Por eso me preocupa mucho un proyecto de ley que se está promoviendo por medio de la legislatura de California. El Proyecto de Ley 360 del Senado ordenaría que los sacerdotes divulgaran las informaciones sobre abuso sexual de menores que escuchen en confesión.

Algunas veces las mejores intenciones pueden llevar a una mala legislación. Es el caso del Proyecto de Ley 360 del Senado.

El abuso sexual infantil es un pecado horrible y un crimen que aflige a todos los sectores de nuestra sociedad. En la Iglesia católica, hemos enfrentado este escándalo durante muchos años.

En todo el estado, las diócesis han implementado políticas y programas para hacer que los niños estén seguros. Tomamos huellas dactilares y verificamos los antecedentes del personal de la Iglesia, contamos con personas que ayudan a las víctimas y tenemos protocolos estrictos para abordar las denuncias contra sacerdotes y contra otras personas que trabajan para la Iglesia.

Como resultado, es raro que haya nuevos casos de abuso sexual infantil por parte de sacerdotes, tanto en la Arquidiócesis de Los Ángeles como en otras diócesis de California.

Cada caso sale sobrando. La Iglesia está velando constantemente por la protección de los niños y nos hemos comprometido a ayudar a todas las víctimas sobrevivientes para que lleguen a la sanación.

Pero desde el punto de vista de la política pública, si el objetivo es prevenir el abuso sexual infantil, no tiene sentido enfocar la atención en los sacerdotes católicos ni en el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, que es el nombre formal de la confesión.

Los católicos creemos que en el confesionario podemos contarle a Dios todo lo que está en nuestro corazón y buscar su misericordia sanadora. El sacerdote es sólo un instrumento; él actúa en la “persona de Cristo”. Confesamos nuestros pecados, no a un hombre sino a Dios.

La privacidad de esa conversación íntima, nuestra capacidad de hablar con total honestidad desde nuestros labios hasta el oído de Dios, es algo absolutamente esencial para nuestra relación con Dios.

Esta legislación es, pues, una amenaza mortal para la libertad religiosa de todos los católicos.

Lo que es más alarmante es que este proyecto de ley se está promoviendo sin tener ninguna evidencia de que protegerá a los niños.

Los sacerdotes son ya “reportadores obligatorios” en California. Eso significa que estamos obligados por ley a reportar los casos de abuso sexual que sospechemos, excepto si nos enteramos de ello en el confesionario.

El Proyecto de Ley 360 del Senado hace la afirmación radical de que “se ha abusado en gran escala del secreto sacramental del clero con respecto al penitente, lo cual ha resultado en el abuso no denunciado y sistemático de miles de niños pertenecientes a múltiples credos y religiones”.

Eso, sencillamente, no es cierto. Las audiencias sobre ese proyecto de ley no han presentado un solo caso, ni en California ni en ningún otro lugar, en el que este tipo de delito pudiera haberse evitado si un sacerdote hubiera revelado información que hubiera escuchado en confesión. ¿Por qué nadie le pide al patrocinador de ese proyecto de ley que proporcione evidencia de sus acusaciones contra la Iglesia?

El Proyecto del Ley 360 del Estado pretende resolver una crisis que no existe.

El hecho es que el abuso sexual infantil no es un pecado que la gente confiese a los sacerdotes en el confesionario. Los que atienden psicológicamente a tales depredadores nos dicen que lamentablemente muchos de ellos tienden a mantener el secreto, son manipuladores y no pueden comprender el grave daño de sus acciones.

Es mucho más probable que sean los periodistas y abogados los que escuchen la admisión de haber cometido esos delitos. Sin embargo, este proyecto de ley no propone eliminar el secreto profesional entre abogado y cliente o la protección de las fuentes de los periodistas. Sólo se dirige a los sacerdotes católicos.

El Proyecto de Ley 360 del Estado debería ser rechazado. Y tendríamos que seguir trabajando juntos para buscar formas efectivas de combatir este flagelo del abuso sexual infantil en nuestra sociedad.

Oren por mí esta semana y yo oraré por ustedes.

Oremos por nuestros sacerdotes, con gratitud por su valentía de abrirnos las puertas de la misericordia de Dios en la confesión.

Y pidámosle a nuestra Santísima Madre María que nos ayude a sanar a todas las víctimas y sobrevivientes del abuso y que nos ayude a construir una sociedad en la que todos los niños sean amados, protegidos y estén seguros. VN

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