DECENAS DE INMIGRANTES SE DECLARAN CULPABLES PARA EVITAR LARGAS SENTENCIAS

Decenas de inmigrantes detenidos hace una semana en un frigorífico en el noreste de Iowa se declararon culpables durante el primer día de audiencias de “fraude federal” para evitar cargos mayores por robo de identidad.

Los procedimientos se realizan en Waterloo (200 km al noreste de Des Moines), en instalaciones habitualmente utilizadas para exposiciones ganaderas pero ahora alquiladas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Según el reporte provisto por la oficina de la jueza federal Linda Reade, a cargo del caso, unos 80 inmigrantes (de los casi 400 arrestados el pasado lunes 12 de mayo en el frigorífico Agriprocessors en Postville) aceptaron el lunes declararse culpables de fraude por lo que, tras una breve sentencia carcelaria, serán deportados.

Como consecuencia, la fiscalía dejó de lado los cargos de robo de identidad, que conllevan sentencias obligatorias de entre dos a diez años de cárcel, según la severidad del delito.

Ocho de los inmigrantes que se declararon culpables fueron condenados a libertad condicional debido a que los documentos falsos que estos inmigrantes usaron para obtener empleo no pertenecen a ninguna persona real, sino que se trataba de “combinaciones azarosas de nombres y números”.

La jueza Reade ordenó que estos ocho inmigrantes fuesen deportados “inmediatamente”, lo cual significa, según explicó Tim Counts, portavoz regional del ICE, “unos pocos días después de la decisión judicial”.

Counts anticipó que los inmigrantes serán trasladados en autobuses hasta las aeropuertos de Des Moines o de Omaha (en Nebraska) para que desde allí sean enviados de regreso a sus países de origen.

Por otra parte, aquellos inmigrantes que usaron números de seguro social o nombres de personas reales, y que se declararon culpable de ese crimen, deberán primero cumplir cinco meses de prisión antes de ser deportados y luego, aunque ya no estén en EEUU, seguirán en “libertad condicional no supervisada”.

Esta medida legal significa que si alguno de estos inmigrantes reingresa ilegalmente al país y es arrestado por las autoridades federales, ese inmigrante podría entonces ser condenado a diez años de prisión más una multa de hasta 250.000 dólares.

Como parte del trato entre los inmigrantes que se declararon culpables y la justicia federal, la magistrada Reade y los fiscales acordaron que ninguno de estos inmigrantes pague las multas y gastos de corte que de otra manera tendrían que pagar.

La declaración de culpabilidad también permite que estos inmigrantes puedan potencialmente ser usados como testigos por el Gobierno federal si las autoridades deciden eventualmente presentar cargos contra los dueños y los administradores de Agriprocessors por el supuesto delito de abuso de personas y de incumplimiento de las leyes de trabajo infantil.

Uno de los fiscales federales, Tony Maingot, comentó que solamente “aquellos inmigrantes que se decidan a cooperar totalmente con una investigación criminal a cargo del gobierno federal” podrían ser testigos.

Maingot, sin embargo, no aclaró si esa investigación se está realizando ni cuáles serían los posibles beneficios para los inmigrantes que acepten cooperar.

La orden judicial que dio inicio a la redada del pasado 12 de mayo (considerado el mayor operativo de inmigración en la historia de Estados Unidos) incluye precisamente denuncias de que los administradores del frigorífico habrían cometido actos de abuso físico y falsificado de documentos.

Sin embargo, hasta el momento, los agentes federales no presentaron cargos contra el personal jerárquico de Agriprocessors ni queda claro si alguna vez lo harán.

Si esos cargos eventualmente se concretan, agentes del ICE o del Departamento de Seguridad Nacional podrían volver a interrogar a los inmigrantes relacionados con el caso y que todavía se encuentren en la cárceles de Estados Unidos, dijo Maingot.

Por otro lado, durante la audiencia de ayer, varios de los inmigrantes pidieron que se los deportase inmediatamente.

Álvaro Anibal Ordóñez López, de Guatemala, explicó que él es el único sosten de su familia. Angela Noemí Lastor Gómez, también de Guatemala, agradeció que se la hubiese “tratado bien” y pidió que “las personas en autoridad” la dejasen regresar rápidamente a su país.

Otros dos guatemaltecos, Luis Arturo Alvarado Sajcho y Jairo Callejas Lastor, realizaron pedidos similares ante la jueza Reade.

El juez federal Mark Bennett, quien presidió parte de las audiencias debido a que los procedimientos se extendieron durante 12 horas, dijo que él reconocía que “ustedes (los inmigrantes) vinieron a este país para trabajar duro y mantener a sus familias”.

“Desafortunadamente, las leyes de Estados Unidos dicen que lo que ustedes hicieron es ilegal. Pero quiero, en nombre de esta corte, desearles la mejor de las suertes”, agregó.

VN

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