BATALLA LEGAL POR LA PROMOCIÓN DEL INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA

La batalla legal entablada durante más de una década en Arizona por otorgar los fondos suficientes para los programas de aprendizaje de inglés como segundo idioma en las escuelas públicas continuará durante el próximo año.

El motivo principal es la marcada oposición del Partido Republicano que relaciona este problema con el tema de la inmigración ilegal.

“Este es un problema que tiene mas de 15 años en las cortes y probablemente no terminará hasta que llegue a la Suprema Corte”, dijo hoy en entrevista con Efe el legislador estatal demócrata, Ben Miranda, quien representa el Distrito 16.

A principios de este mes, un juez federal señaló el próximo 4 de marzo como la fecha límite para que la legislatura estatal de Arizona incremente los fondos para los programas de inglés como segundo idioma, conocidos también como ELL.

El juez Raner C. Collins indicó que en caso de que la legislatura estatal no cumpla con este requisito establecería graves sanciones, aunque no especificó cuáles serían.

El año pasado, ese mismo tribunal impuso una multa de 21 millones de dólares al estado por no haber cumplido con este mismo requisito, sanción que meses después fue retirada por un tribunal de apelaciones.

La decisión del juez federal está siendo apelada por el estado de Arizona y líderes de la legislatura estatal, controlada por los republicanos.

“Nos damos cuenta que a estos representantes no les interesa la educación de nuestros niños”, dijo Miranda.

Agregó que muchos de estos legisladores relacionan erróneamente el otorgar más fondos a los programas de inglés como segundo idioma al tema de la inmigración ilegal, a pesar de que la mayoría de esos estudiantes son hijos de inmigrantes nacidos en este país.

“Muchos de estos niños tienen deficiencias en el inglés porque sus familias solo hablan español, muchas veces las escuelas son primer lugar donde aprenden inglés’, dijo el legislador estatal.

Manifestó que mas allá del estatus migratorio de los estudiantes que se encuentran en los programas de ELL, bajo la Constitución de todos los ciudadanos tienen el derecho a recibir la misma educación.

En Arizona la disputa legal comenzó en 1992, cuando padres de estudiantes hispanos del distrito escolar de Nogales demandaron al estado por no proveer suficientes recursos para la enseñanza de sus hijos.

Ante la presión de un tribunal federal, el año pasado la legislatura estatal aprobó otorgar a las escuelas publicas 432 dólares por cada estudiante inscrito en los programas de ELL, anteriormente las escuelas recibían 358 dólares por cada estudiante.

Pero el mismo juez federal calificó este incremento como “inadecuado” y dictaminó que no cumple con los requisitos de leyes federales que requieren que todos los estados destinen los recursos suficientes para garantizar que los niños aprendan inglés.

Miranda dijo que difícilmente se aprobará un nuevo incremento a los programas de inglés como segundo idioma durante la próxima sesión legislativa que comenzará en enero.

“La mayoría republicana está más interesada en apelar la decisión del juez, es una verdadera lastima, porque pueden pasar mucho tiempo hasta que estos fondos sean aprobados”, dijo el legislador.

Críticos de la inmigración ilegal consideran que el estado no debe de ser responsable por la educación y el cuidado médico de inmigrantes indocumentados.

Durante la última sesión legislativa en Arizona se presentaron mas de dos docenas de iniciativas de ley que buscan hacer mas difícil la vida de aquellos que han cruzado la frontera de manera ilegal.

El pasado mes de noviembre, los votantes aprobaron la Ley estatal 300, que obliga a los estudiantes indocumentados a pagar las matrículas universitarias como extranjeros. VN