ACUERDO PARA DEBATE SOBRE REFORMA MIGRATORIA YA GENERÓ DESCONTENTO

El acuerdo pactado entre el Congreso y la Casa Blanca para el debate de una reforma migratoria integral ya generó descontento entre grupos de todo el espectro político en Estados Unidos.

El pacto prevé una mayor vigilancia fronteriza; la legalización de buena parte de la población clandestina, y un programa de trabajadores temporales.

También establece un sistema de verificación del estatus migratorio de los empleados, la reunificación familiar, y un sistema de puntos para futuros inmigrantes, entre otros elementos.

Sin embargo, dentro y fuera del Congreso, el acuerdo marco -que tiene que ser aprobado por ambas cámaras del Legislativo para convertirse en ley- renovó las viejas disputas sobre la respuesta más adecuada a la presencia de los doce millones de indocumentados en EEUU y cómo regular los futuros flujos migratorios.

Muchos legisladores moderados y grupos pro-inmigrantes lo acogieron como un buen punto de partida pero recomendaron modificaciones.

Los legisladores hispanos, junto a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (D-California), instaron al Congreso a que apruebe este año una iniciativa migratoria “dura pero justa, que trate a los inmigrantes de forma digna”.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid (Nevada), manifestó “graves preocupaciones” sobre algunos aspectos del acuerdo, entre ellos el plan de trabajadores temporales, y anotó que “tenemos que mejorar este proyecto durante el proceso legislativo”.

Los congresistas de corte conservador -incluido el senador demócrata Robert Byrd (West Virginia), y grupos afines, inmediatamente lo rechazaron como una “amnistía” disfrazada de reforma que, a su juicio, no merecen los inmigrantes indocumentados.

El senador republicano Charles Grassley (Iowa) criticó que el plan se pactó sin audiencias y sin ofrecer datos sobre el impacto y costos de varios de sus elementos.

Algunos aspirantes presidenciales, como el senador republicano John McCain (Arizona) y la senadora demócrata Hillary Clinton (Nueva York), también reaccionaron al acuerdo.

Durante una rueda de prensa, en la que se anunció el acuerdo, McCain dijo que apoya el convenio porque castigará la contratación de indocumentados y evitará los errores de la amnistía de 1986, que no frenó la inmigración ilegal.

Clinton, que no estuvo en la rueda de prensa, afirmó en un comunicado que hará un “escrutinio cuidadoso” del compromiso bipartidista “para ver si honra nuestros principios y herencia de inmigrantes, a la vez que respeta el imperio de la ley”.

El grupo NumbersUSA tachó el pacto de “desastroso” por considerar que sólo premiará a quienes violan las leyes migratorias y alentará “otra inundación de inmigrantes ilegales” en EEUU.

Grupos como el Consejo Nacional de la Raza, el Foro Nacional de Inmigración y el Fondo Mexicoamericano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF) insistieron en comunicados que se trata, después de todo, de un “punto de partida” y quieren ver mejoras al proyecto final.

Eliseo Medina, vicepresidente ejecutivo del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), se quejó de que el programa de trabajadores temporales, por naturaleza, sólo da una solución a corto plazo para ciertos indocumentados y creará “una fuerza laboral de segunda clase”.

“El SEIU no apoyará una repetición de fallidos programas temporales que minan las protecciones laborales, deprimen los salarios de los trabajadores estadounidenses y añaden al caos de nuestro maltrecho sistema de inmigración”, dijo Medina.

Mientras, el presidente de la federación sindical AFL-CIO, John Sweeney, lamentó que el pacto “no responde a las raíces de la crisis de inmigración” y que el programa de trabajadores temporales, tal como está concebido, creará dos categorías de trabajadores sin las debidas protecciones.

Ali Noorani, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Massachusetts, comentó que el acuerdo allana el camino para el debate migratorio en el Congreso, aunque “falta comprobar cuán práctico y realista es el pacto alcanzado”.

José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña, señaló que el convenio “no es absoluto” y sirve de base para negociar una reforma que “ponga fin a las redadas, detenciones y deportaciones” que han sembrado el miedo en la población inmigrante. VN