Organizaciones civiles pro defensa de los inmigrantes urgieron a la comunidad hispana a presionar al Congreso de EE.UU. para que modifique el pacto inicial para una reforma migratoria integral.
Las reacciones sobre el acuerdo alcanzado por demócratas y republicanos para iniciar el debate muestran que la mayoría de los latinos lo ven como “un paso adelante” en un camino en el que todavía hay mucho por luchar y que se alargará probablemente todo el verano, dijo Flavia Jiménez, del Consejo Nacional de La Raza.
Líderes de estos grupos señalaron durante una conferencia de prensa telefónica que es “fundamental” que los legisladores perciban la presión de la comunidad hispana, sobre todo tras los intentos por parte de los grupos antiinmigrantes de frenar este proceso.
“La comunidad hispana debe dejar claro que le preocupa este asunto y debe lograr que su voz sea escuchada”, comentó Cristina López, subdirectora ejecutiva del Centro por el Cambio Comunitario (CCC).
Para ello, López informó de un número telefónico gratuito (1-800-882-2005) al que la población puede llamar para hacer llegar sus mensajes a los congresistas de sus respectivas poblaciones.
“Existen grupos antiinmigrantes que ya han comenzado a decir que este pacto supone una amnistía, es decir, una entrada libre al país para los millones de indocumentados que viven aquí, y cuando la gente escucha esto, es lógico que se enfade”, explicó Clarissa Martínez, integrante de la Coalición para una Reforma de Inmigración Exhaustiva.
“Las bases de este pacto muestran que los solicitantes del visado Z -que permite una vía para la legalización de todo inmigrante indocumentado que llegó al país antes del 1 de enero de 2007- deben hacer frente a numerosos requisitos entre los que se incluye el pago de una multa de 5.000 dólares, así que no se trata de una entrada libre”, agregó.
José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña, manifestó a Efe que la actitud mostrada por los grupos antiinmigrantes es una “falta de respeto y consideración hacia la gente que está sufriendo esta situación”.
Lagos, quien también animó a la población a elevar su voz ante los congresistas, matizó que hay cosas aún por pulir en el pacto y que la comunidad hispana necesita que se llegue a un acuerdo para que cesen las redadas y las deportaciones.
Martínez informó que la situación de los inmigrantes amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) “había estado en peligro” durante las negociaciones, aunque indicó que, finalmente, “entrarán en el proceso de forma satisfactoria”.
Cristina López, integrante del CCC, señaló que el acuerdo también recoge algunos puntos que crean ciertas desigualdades sociales.
En concreto, López se refiere a la obligación de pagar una cantidad de 5.000 dólares y de demostrar un determinado dominio del inglés por parte de los inmigrantes indocumentados como requisito para solicitar la residencia permanente.
“Este punto no favorece a una gran parte de la comunidad hispana: la formada por los trabajadores más pobres o sin tantos medios”, advirtió López.
Otros grupos pro-inmigrantes expresaron su preocupación por los límites del programa de trabajadores temporales y las restricciones del sistema de puntos que, de aprobarse, excluiría a millones de personas.
Kevin Appleby, analista de asuntos migratorios de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos (USCBC), dijo que a los obispos católicos les preocupa que con este plan de legalización, tal como está concebido, los indocumentados no salgan de la sombra por si en algún momento tienen que regresar a sus países de origen.
La USCBC quiere, al igual que otros grupos pro-inmigrantes, que el Congreso realice modificaciones hasta lograr “una reforma migratoria integral justa y humana”, enfatizó Appleby. VN