SENTIMIENTOS ENCONTRADOS A RAÍZ DE ACUERDO MARCO PARA REFORMA MIGRATORIA

El acuerdo del marco sobre el que se discutirá la reforma migratoria anunciado ayer entre líderes del Congreso y la Casa Blanca ha generado esperanzas, pero también críticas entre activistas e inmigrantes en todo el país.

“El plan que se anunció ayer está realmente falto de oportunidad para los 12 millones de indocumentados en este país”, dijo hoy a Efe Jorge Mario Cabrera, director de comunicaciones del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).

“Desune a las familias en favor del crecimiento económico de este país. Crea un programa de trabajadores temporales sin derecho, sin familia y sin futuro”, agregó.

El acuerdo marco prevé una mayor vigilancia fronteriza, la legalización de la población clandestina a través de visas “Z” y un programa de trabajadores temporales, con visas “Y”, entre otros puntos.

Aunque Cabrera reconoció como “muy significativo” que los dos partidos hayan llegado a un acuerdo político, igualmente señaló que el proceso “es tan complicado y nada realista que en vez de sacar a la gente de la sombra la hundirá más en el temor y la desconfianza”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), resaltó como positivo que se reconozca por parte de ambos partidos políticos la necesidad de una legalización.

Sin embargo, señaló que los cambios severos en el sistema de inmigración representan un “costo altísimo e inaceptable” ya que el proyecto va en contra de la reunificación familiar, al dar más énfasis a la preparación profesional que a los nexos familiares.

El convenio también establece un sistema de verificación del estatus migratorio de los empleados, un reducido número de visas para la reunificación familiar y un sistema de puntos para futuros inmigrantes, entre otros elementos.

Gloria Saucedo, de Hermandad Mexicana Nacional en el Valle de San Fernando, calificó la propuesta de “insuficiente” y destacó que se necesitarían dos años para obtener un permiso de trabajo y hasta 14 para una legalización.

Cabrera agregó que, favorecer el crecimiento económico a espaldas de la reunificación familiar, “nos hace pensar que el único interés es el crear del sistema migratorio una gran maquiladora, con trabajadores de mano de obra barata, sin familias para que puedan producir mejor y sin promesas de ningún tipo de futuro”.

En Carolina del Norte, donde se calcula viven unos 390.000 indocumentados y es uno de los estados que más población inmigrante ha recibido en los últimos años, las reacciones fueron similares.

“Creo que este es un gran paso para la legalización de millones de hispanos que actualmente viven a la sombra. Aunque algunos de los artículos del acuerdo exigen pagar altas multas, creo que eso se podría arreglar cuando el proyecto de ley se discuta en el Senado”, dijo hoy a Efe el abogado de inmigración Jack Pinnix.

Al parecer, el punto que más impacta a las organizaciones civiles e indocumentados de Carolina del Norte, es la multa a pagar, estipulada en 5.000 dólares.

“Por definición, esta es una comunidad de indocumentados y aunque miles de ellos califiquen para obtener su residencia, no tienen el dinero para pagar esa multa, lo que los obligaría a pasar muchos años recogiendo ese dinero”, manifestó Marisol Jiménez, directora legal de la organización “El Pueblo”, con sede Raleigh.

Otro punto considerado de “muy duro” es el que obliga a los indocumentados a viajar a su país de origen y después regresar.

“Creo que es un doble gasto que tendremos que hacer. Primero pagar la multa y después viajar a nuestros países. Es muy duro para los que no tenemos grandes entradas (económicas)”, dijo Ruperto Treviño, un mexicano que trabaja en la construcción en Charlotte.

Por su parte, su colega y compatriota Leopoldo Martínez, ve con buenos ojos el pacto.

“Es excelente. Es buenísimo. Lo único malo que veo es que parece que pasará mucho tiempo para que lo aprueben. Yo estoy dispuesto a pagar todas las multas que nos impongan por estar ilegales, porque en este país se respetan las leyes y si me vine de México, es porque allá no hay trabajo y aquí sí”, dijo Martínez.

En Arizona, cuya frontera con México es el punto más vulnerable de toda la frontera con México y donde se registra el mayor número de ingreso de indocumentados a EE.UU., la Coalición de los Derechos Humanos de ese estado manifestó su desacuerdo con el anuncio.

“Estas propuestas van de mal en peor, este plan está repleto de medidas de mano dura”, aseguró a Efe Alexis Mazón, miembro de la directiva de la coalición defensora de los derechos de los inmigrantes.

Por su parte la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, calificó este acuerdo como “un primer comienzo”, pero dijo que como todas las cosas relacionadas con el tema migratorio “el diablo está en lo detalles”. VN