LEGISLADORES DE TENNESSEE PREPARAN LEY SIMILAR A LA SB1070 DE ARIZONA

Charlotte (Carolina del Norte).- Los legisladores de Tennessee preparan una versión de ley migratoria al estilo de la SB10 de Arizona a discutirse a principios de 2011, a pesar que este estado cuenta ya con medidas estrictas para los indocumentados.

El senador estatal Bill Ketron (R-Murfreesboro) prepara junto al representante Joe Carr, también de ese partido, una propuesta que criminaliza a los indocumentados y autoriza a agencias locales del orden detener a “cualquier persona” sospechosa de ser indocumentada.

“No podemos negar que nos vemos afectados por los inmigrantes indocumentados, desde educación, costos de salud pasando por el sistema judicial y las detenciones. Y lo más importante, la cantidad de trabajo que nos han quitado”, afirmó Ketron a los medios.

Como Tennessee, otros estados cercanos, Carolina del Norte y Carolina del Sur, han mostrado interés en comenzar el periodo legislativo de 2011 analizando leyes parecidas a la de Arizona, la primera en la nación que criminaliza la presencia de los indocumentados.

Este estado, con apenas 4 por ciento de extranjeros del total de sus residentes -150.000 aproximadamente-, ya cuenta con algunas disposiciones restrictivas que precisamente entrarán en vigor el próximo 1 de enero.

La más controvertida es la SB1141/HB670, que exige a las cárceles locales comprobar el estatus migratorio de todos los detenidos sin que los alguaciles reciban entrenamiento, fondos, supervisión, o acceso a las bases de datos federales de inmigración.

También una medida que permite a las empresas exigir a sus empleados que hablen sólo inglés por razones de “seguridad y rendimiento”.

Asimismo, durante el férreo debate sobre la promulgación de la SB1070 en Arizona, un grupo de legisladores de Tennessee envió una carta a la gobernadora Jan Brewer -sin la firma del gobernador demócrata Phil Bredesen- “elogiándola” por la firma de la misma.

Recientemente, otro representante republicano, Curry Todd, que apoya el proyecto de legislación, llamó la atención nacionalmente al decir que los “inmigrantes indocumentados se multiplican como las ratas”.

El legislador se disculpó por sus comentarios pero mantiene su postura en contra de la inmigración ilegal.

Por su parte, los defensores de los indocumentados pronostican que la batalla será muy dura en el legislativo durante el 2011 y que dicha propuesta de ley “no es sobre el impacto de los inmigrantes en el estado, sino sobre el sistema carcelario”.

Al menos una compañía en Nashville, capital del estado, que administra la mayoría de las cárceles privadas del estado y que ha contribuido significativamente a campañas políticas a los legisladores que apoyan la ley, saldría beneficiada de su aprobación.

“Por cada detenido, será más caro para el estado por los costos de su encarcelamiento, lo que beneficia sólo a las corporaciones privadas, cuyo negocio es mantener a la gente en prisión, la mayoría acusados de infracciones menores”, afirmó a Efe Kasar Abdulla, directora de abogacía de la Coalición de Derechos de los Inmigrantes Refugiados de Tennessee (TIRRC).

“Esta ley criminalizaría a cierta clase de persona, y cuando sucede esto con los inmigrantes, hay ganadores y perdedores. Ya sabemos los beneficiados y los perjudicados son los que pagan impuestos, trabajadores inmigrantes, sus hijos americanos y todo el estado”, enfatizó Abdulla.

Hasta el momento, los impulsores de la ley no han dado a conocer el impacto económico que generaría al estado tomando en cuenta por lo que perdió Arizona, que según cálculos del Centro de Progreso Americano, suman los 141 millones de dólares.

La mayor preocupación entre activistas es el ambiente propicio para el perfil racial que se generará una vez aprobada la legislación, aunque ya han ocurrido en casos en que los hispanos han sido el blanco de las autoridades.

Varias demandan fueron presentadas este año contra el estado por inmigrantes argumentando violación a los derechos civiles y detenciones injustificadas por parte de la policía.

Inmigrantes como José Luis Moreno Muñoz, residente de Nashville, que recibió a principios de este año una multa por poseer una licencia suspendida aunque no manejaba un vehículo que fue detenido por un policía porque su conductor, también hispano, no tenía el cinturón de seguridad.

O como Diana Mata Cuellar, que demandó al Departamento de Seguridad de Tennessee por violar sus derechos civiles al incautarle de manera ilegal su certificado de naturalización estadounidense cuando trataba de obtener una licencia de conducir.

“Leyes como las que quiere pasar Ketron no sólo dañan la imagen de nuestro estado sino su economía y al final no resuelven nada porque inmigración es un asunto del Gobierno federal”, concluyó Abdulla. VN

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