LA “POLÍTICA DEL MIEDO” SUMA PUNTOS POLÍTICOS PERO NO RESUELVE PROBLEMA

Washington.- Líderes conservadores, desde Arizona, hasta Utah y Virginia, exigen un mayor combate a los indocumentados e incluso recurren a la “política del miedo”, algo que quizá les ayude en los comicios de noviembre pero no parece que resolverá la crisis migratoria del país.

El senador republicano de Arizona John McCain, otrora defensor de la fallida reforma migratoria de 2007, favorece realizar audiencias sobre un posible cambio a la 14 enmienda de la Constitución, para así privar de la ciudadanía automática a los niños nacidos en EEUU de padres indocumentados.

Arizona ya tiene su propio protagonismo con la ley SB1070 que criminaliza a los indocumentados en ese estado, si bien una juez federal ha suspendido sus partes más polémicas.

McCain no es el único que apoya estas audiencias, pero la idea ha cobrado fuerza en las últimas semanas entre el bloque conservador de Estados Unidos.

La idea es borrar todos los “incentivos” de la inmigración ilegal, incluyendo la eliminación de fuentes de trabajo y de la ciudadanía automática, derecho consagrado en la Constitución.

No es la primera vez que los conservadores lo intentan y, debido al complejo proceso para reformar la Constitución, es poco probable que este año puedan lograrlo.

Cualquier cambio a la Constitución requiere el apoyo de dos terceras partes en ambas cámaras del Congreso y tres cuartas partes de las legislaturas de los 50 estados del país.

Para varios grupos pro-inmigrantes cabe la sospecha de que los conservadores sólo buscan su beneficio político, de cara a los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre.

Aún no han aclarado si, en caso de ser aprobada, la eliminación de la ciudadanía automática se aplicaría de forma retroactiva, o qué sucederá con los niños estadounidenses que tienen al menos uno de sus padres indocumentados.

En Utah, algunos legisladores tienen previsto presentar varias medidas anti-inmigrantes durante su próxima sesión legislativa, entre éstas una muy similar a la SB1070.

En Virginia, varios líderes republicanos también quieren seguir el ejemplo de Arizona, e incluso ir más lejos, de manera que la policía pueda detener a un inmigrante por cualquier motivo.

Si la muerte de un ranchero en Arizona sirvió de catalizador para la promulgación de la SB1070 y para reforzar la vigilancia fronteriza, los conservadores de Virginia utilizan ahora un caso que prácticamente les cayó del cielo.

A estos líderes, y grupos afines, la lamentable muerte el pasado 1 de agosto de una monja católica a manos de un inmigrante boliviano indocumentado que manejaba ebrio, les ha caído como maná del cielo.

No importa que la orden de las Hermanas Benedictinas de Virginia, fiel a un mandamiento cristiano, haya perdonado al acusado por la muerte de Denise Mosier, de 66 años, y han pedido que se evite la “politización” del accidente.

El propio presidente de la junta de supervisores del Condado de Prince William, Corey Stewart, ha sido categórico: la misión de las monjas es de “paz y amor”, mientras que la suya es hacer cumplir las leyes y velar por la seguridad ciudadana.

Stewart no ha parado ahí. Poco después del trágico accidente, en el que otras dos monjas resultaron heridas de gravedad, Stewart emitió un comunicado acusando al presidente Barack Obama, al Congreso, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, de “tener sangre en sus manos”.

La “política del miedo” quizá consiga más votos para los políticos que se presentan como los más “bravos” contra la inmigración ilegal, pero ello no parece que vaya a corregir a corto plazo la situación de la población ilegal, ni el maltrecho sistema migratorio a largo plazo. VN