Un aumento en la inmigración ayudaría a fortalecer la economía de EEUU, mientras que el reforzamiento de las medidas policiales contra los indocumentados ocasionaría una pérdida neta de 80.000 millones de dólares en una década, dijo en el Congreso el Instituto Cato.
Durante un encuentro en el Capitolio, el académico Peter B. Dixon explicó que los ahorros fiscales que generarían las medidas contra los indocumentados son ínfimos en comparación con la enorme pérdida en productividad y oportunidades para empleados con mayores destrezas laborales.
Eso contrasta con las afirmaciones de quienes se oponen a la reforma migratoria e insisten en que los indocumentados son una carga pública para EEUU.
El análisis de Dixon señala que el enfoque en la vigilancia en la frontera sur no acabaría con la inmigración ilegal sino que simplemente aumentaría el costo y el peligro de los cruces en la zona.
El informe fue divulgado en unos momentos en que el Gobierno del presidente Barack Obama ha reiterado su deseo de que el Congreso tenga listo un borrador para la reforma para fines de año y someterlo a debate a principios de 2010.
“La legalización de trabajadores inmigrantes de bajas destrezas laborales produciría un aumento significativo en los ingresos de los trabajadores y hogares estadounidenses”, afirmó el informe de 22 páginas.
Se calcula que hay alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados en EEUU, de los cuales, según el estudio, 8,3 millones participan en el mercado laboral. Así, los extranjeros “sin papeles” conforman cerca del cinco por ciento del total de trabajadores.
El estudio, encargado por CATO, analiza el impacto económico que tendrían siete posibles escenarios para resolver el problema de la inmigración ilegal, entre éstos el reforzamiento de la vigilancia fronteriza, las redadas laborales, un programa de trabajadores huéspedes y una vía para la legalización de la población indocumentada.
Según el análisis, el énfasis en medidas para imposibilitar el paso a los indocumentados “reduce enormemente el bienestar de los hogares” de ciudadanos y residentes legales en el país.
Pero con el aumento del flujo de inmigrantes legales, la economía estadounidense se expandiría y crearía más puestos de trabajo que requieren altas destrezas. La teoría es que los trabajadores subirían de escalafón en el mercado laboral.
Un programa de legalización no sólo eliminaría el enorme costo del contrabando de indocumentados, sino que también facilitaría las oportunidades de empleo en puestos que requieren de mayor destrezas laborales.
Si el Gobierno, por ejemplo, cobrara un “impuesto” para emitir visas, eso representaría 1,27 por ciento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o el equivalente de 180.000 millones de dólares en un plazo de diez años.
Para Mary Giovagnoli, directora del Centro para Política Migratoria (IPC), este informe es oportuno porque “reconoce lo que aportan los inmigrantes a EEUU como trabajadores, pagadores de impuestos y consumidores”.
Daniel Griswold, director para asuntos comerciales de CATO, dijo a Efe que “el debate migratorio necesita una buena dosis de cortesía”.
Según Griswold, la clave para destrabar el avance en el diálogo migratorio está en “marginar” a los extremistas en ambos lados del debate.
“Tanto demócratas como republicanos tienen facciones en sus bases que deben ser marginadas si vamos a tener éxito en la reforma migratoria”, señaló.
Por un lado, están los grupos conservadores que toda la vida se han opuesto a los inmigrantes algo que, por lo demás, es cíclico en la historia de EEUU, especialmente en tiempos de recesión.
Por el otro, están los sindicatos que respaldan a los demócratas y que, aún ahora, siguen oponiéndose a un programa de trabajadores huéspedes, observó Griswold.
“Eso es un grave error, porque si hay un mensaje que queremos que se lleven es que un programa de trabajadores huéspedes, factible y robusto, es clave para el éxito de una reforma migratoria”, puntualizó Griswold en el evento. VN