GRUPO DOCUMENTA DENUNCIAS INMIGRANTES SOBRE ABUSOS AUTORIDADES Y EMPLEADORES;

Un grupo de voluntarios registra las denuncias de inmigrantes que han sufrido algún tipo de abuso por parte de autoridades locales y empleadores.

“Este es un proyecto de ayuda que busca documentar abusos en contra de la comunidad inmigrante”, dijo Lydia Guzmán, vocera de “respect/respeto”.

Según Guzmán, la idea surgió como una respuesta al sentimiento anti-inmigrante que se vive en el estado por la implementación de leyes estatales en contra de la inmigración ilegal y el incremento de la cooperación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Algunas de las autoridades locales, señaló la activista, como el alguacil del Condado Maricopa, Joe Arpaio, han “mal interpretado”, la aplicación de nuevas regulaciones como la ley estatal “anti’coyote”.

Actualmente, Arpaio es la única autoridad en Arizona que arresta y encarcela inmigrantes indocumentados que reconocen haber pagado dinero a un traficante de seres humanos, mejor conocido como “coyote” o “pollero”.

Desde que comenzó el proyecto hace dos meses, los voluntarios han recibido docenas de llamadas de inmigrantes.

Una de las quejas más frecuentes es que las autoridades locales detienen a los hispanos sólo por su apariencia física.

La activista aseguró que existen reportes de residentes legales y ciudadanos que afirman haber sido detenidos por los alguaciles solamente por su apariencia física.

Otra queja frecuente, agregó la activista, es la de trabajadores que afirman que sus empleadores no les han pagado por sus servicios. Muchos de ellos aseguran estar amenazados por sus patrones quienes les dicen que si se quejan les van a “echar la migra”.

La vocera indicó que los voluntarios, algunos de ellos abogados y expertos en leyes, asesoran a la gente que llama para que puedan defender sus derechos.

“Cuando la gente no ha recibido el salario que les corresponde sabemos que pueden interponer una queja ante el Departamento del Trabajo”, dijo Guzmán.

Agregó que cada vez son más comunes los casos como el de una mujer a quien le chocaron la parte trasera de sus automóvil, pero por no tener licencia de conducir prefirió no llamar a la policía.

“La gente sabe que al final pueden perder más si llaman a la policía”, enfatizó Guzmán.

Con los acuerdos de cooperación entre agencias del orden y el ICE, también crece la desconfianza de la comunidad inmigrante para reportar ante las autoridades algún tipo de abuso.

La organización mantiene una estrecha relación con jefes de departamento de policía como el de la ciudad de Phoenix, a quienes les han presentando algunos de los casos y éstos se han comprometido a investigar si existió o no una detención por perfil racial o si se cometió algún tipo de abuso en contra del inmigrante.

Guzmán informó que la organización está documentando todas las denuncias contra el alguacil Arpaio con miras a presentarlas como parte de una denuncia colectiva (class action).

Gracias a un acuerdo entre el condado Maricopa y el ICE los agentes del alguacil han sido entrenados para realizar ciertas funciones de control migratorio.

“Nosotros pensamos pedir a un juez que revoque el acuerdo entre la oficina del alguacil del Condado Maricopa y el Servicio de Inmigración”, dijo Guzmán.

Agregó que la situación de la comunidad inmigrante en Arizona se puede complicar aún más debido a que este año se ha presentado una serie de iniciativas que buscan hacer más difícil la vida para los que “no tienen papeles”.

Entre estas propuestas destaca negar el otorgamiento de actas de nacimiento a los hijos de inmigrantes indocumentados y negarles la posibilidad de rentar una vivienda.

“Lo más importante en este momento es que la comunidad no se quede en silencio y sepan que existe ayuda para ellos”, enfatizó. VN