Washington.- El Departamento de Justicia espera que la reunión mantenida hoy con los abogados del aguacil Joe Arpaio se demuestre “productiva en los próximos días” y éste acceda “voluntariamente” a cooperar en la investigación, según dijo a EFE un portavoz.
Los abogados de la oficina de Derechos Civiles de ese departamento y del alguacil del condado de Maricopa (Arizona) se reunieron hoy para dirimir las diferencias sobre la investigación sobre la supuesta discriminación contra hispanos en sus acciones policiales.
Tras el encuentro, un portavoz del Departamento de Justicia dijo que el objetivo es “conseguir la conformidad voluntaria (de Arpaio) con el Título VI”, en alusión a la cooperación en la investigación en marcha, pero está a la espera de que esa voluntad se demuestre “en los días venideros”.
“Esperamos que la reunión de hoy con la oficina del condado de Maricopa se demuestre productiva en el futuro. Sabremos en los próximos días si van a cumplir voluntariamente (con las demandas de cooperación del Gobierno)”, señaló.
La reunión se celebra una semana después de que se cumpliera el plazo que el Gobierno federal había dado por escrito a la oficina de Arpaio para que colaborase en el acceso a documentos e instalaciones de su departamento.
El inusual ultimátum, declarado en una carta del fiscal Thomas E. Pérez el pasado 3 de agosto, se realizaba después de más de un año de investigación, que empezó en marzo de 2009 para determinar si hay “prácticas policiales discriminatorias y registros y incautaciones inconstitucionales” en ese departamento.
Por su parte, Robert Driscoll, abogado que representa a Arpaio, descartó por el momento una demanda del Gobierno Federal en contra de su cliente.
“Creo que a corto plazo no existe la posibilidad de una demanda del Departamento de Justicia en contra del alguacil Arpaio. A largo plazo nadie sabe”, dijo hoy a Efe Driscoll.
El abogado calificó de “productiva” la reunión entre ambas partes y dijo tener la esperanza de trabajar junto con el Departamento de Justicia para darles la información y los documentos que requiere.
Driscoll no quiso revelar qué tipo de documentos solicitaron los abogados del Departamento, pero señaló que están relacionados con detenciones de tráfico.
Manifestó que espera llegar a un acuerdo sobre los mismos para fines de esta semana y que con esto se cumplan los requerimientos de la investigación.
“Creo que hicimos un importante progreso en la reunión sobre qué es exactamente lo que el Departamento de Justicia quiere”, puntualizó Driscoll.
La disputa llega después de años en que Arpaio se ha convertido en un reconocido alguacil en Estados Unidos. Su inflexible política policial le ha valido el sobrenombre del “sheriff más duro” del país, que él mismo repite en la biografía publicada en la web de su oficina.
Esas prácticas han generado varias campaña cívicas en su contra, más de 2.200 demandas contra su oficina y cartas de congresistas como el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, John Conyers, que pidió hace más de un año al Gobierno que investigase sus tácticas.
Según un reciente estudio del Consejo Nacional de La Raza, sus redadas en barrios de mayoría hispana responden más al incremento de la inmigración indocumentada que al aumento de los índices de delincuencia en esas zonas.
Además, Arpaio se enfrenta a un gran jurado federal en Phoenix, que examina si el alguacil ha utilizado su poder para intimidar a oponentes políticos y si existen pruebas de malversación de fondos gubernamentales.
Sus abogados han argumentado en repetidas ocasiones que el Gobierno federal esconde una “motivación política” tras ambas denuncias y aseguraron que el Gobierno accedió a los documentos solicitados en otro caso separado presentado en una corte federal en diciembre de 2007.
A sus 78 años, el alguacil es un republicano reelegido cuatro veces desde 1992 en el condado de un estado fronterizo que ha sido el epicentro del debate migratorio este año por la aprobación de la ley migratoria más severa del país.
A cargo de una oficina de 3.800 empleados, se ha ganado fama nacional por sus peculiares iniciativas, como vestir a presos con el uniforme de rayas blancas y negras, darles tres comidas al día de 15 centavos o sus “ciudades cárcel”, en las que las celdas son tiendas de campaña.
Una de sus más originales propuestas fue obligar a los encarcelados a llevar calzoncillos y esposas rosas que también vende con su firma y la frase “Go Joe (Vamos Joe)”. VN