GOBIERNO DEFIENDE INCREMENTO DE TARIFAS PARA RENOVACIÓN DE TARJETA VERDE

El Gobierno de EE.UU. defendió hoy en una audiencia del Congreso el incremento de tarifa que tendrán que pagar 750.000 extranjeros para renovar su “tarjeta verde”, mientras activistas pro-inmigrantes aseguraron que será una carga para todos.

La audiencia del subcomité de Inmigración de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se produjo en víspera de que concluya, el período de comentarios públicos del Gobierno sobre el incremento de la tarifa para renovar la “tarjeta verde” o residencia permanente que no tenga fecha de vencimiento.

Tras el período de comentarios públicos, el Gobierno publicará para antes de fin de año el reglamento “definitivo” sobre el incremento -y el cronograma para su puesta en marcha- y, según observadores, no se espera ningún cambio.

El pasado 22 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) delineó en el Registro Federal (diario oficial del Gobierno) la propuesta de incrementar de 260 dólares a 370 dólares el costo de renovar la “tarjeta verde”.

Esa cifra incluye el incremento de 70 a 80 dólares para la incorporación de datos biométricos en el documento. Así, el costo total incrementará a 370 dólares por persona, o 1.480 dólares para una familia de cuatro personas.

Líderes demócratas del Congreso y grupos afines afirmaron hoy que este nuevo aumento -el primero desde 1998- no sólo es “injusto” sino que supondrá una enorme carga para familias inmigrantes de bajos recursos.

El legislador demócrata Luis Gutiérrez (Illinois) dijo en la audiencia que es “injusto” que el DHS haya esperado a anunciar el aumento en la renovación de la residencia permanente cuando recibió luz verde de la Oficina para la Gestión del Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca en febrero pasado.

Pero Jock Scharfen, subdirector del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), insistió en que el aumento incrementará los recursos y permitirá que su agencia elabore documentos a prueba de fraude, mejore la investigación de solicitantes, y modernice su sistema de archivos electrónicos de todos los inmigrantes.

“Debemos utilizar los ingresos provenientes de estos aumentos para mejorar nuestros servicios y mejorar la seguridad del sistema de inmigración a largo plazo”, dijo Scharfen.

El funcionario argumento que con este y otros aumentos anunciados previamente, el USCIS ha logrado disminuir las demoras en los trámites migratorios, de 3,8 millones de solicitudes en diciembre de 2004 a menos de 10.000 para fines del año fiscal 2006.

Chris Bentley, un portavoz del USCIS, a cargo de procesar todo tipo de trámites migratorios, dijo a Efe que lo más probable es que los solicitantes “tengan un plazo de al menos 150 días para renovar las tarjetas”.

Bentley aseguró que, cuando entre en vigor el reglamento, quienes aún no hayan renovado sus tarjetas de residencia permanente no perderán su estatus de legalidad y podrán viajar fuera de EE.UU. siempre y cuando obtengan un permiso especial de las autoridades.

“Pero es mejor evitar complicaciones y que todos renueven sus tarjetas”, recomendó el portavoz.

Bentley recordó que el seis por ciento de los solicitantes de tarjetas de residencia está exento del pago por los trámites. Esa categoría incluye a refugiados, asilados políticos, personal militar, y víctimas de violencia o de trata de blancas.

Se calcula que, además, un uno por ciento de los solicitantes puede pedir una exención si logra demostrar dificultad económica.

Aún así, Arturo Vargas, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), y Rahdamés Rivera, vicepresidente de un sindicato de trabajadores de la salud, insistieron en que el aumento de costos sigue siendo “prohibitivo” para la mayoría de inmigrantes.

El representante Joe Baca (California), presidente del grupo de legisladores hispanos demócratas, no descarta la posibilidad de presentar un proyecto de ley si el aumento no es modificado.

El reglamento en cuestión afectará además a los 750.000 extranjeros que obtuvieron entre 1979 y 1989 una “tarjeta verde” sin fecha de vencimiento.

Las tarjetas de antes de 1979 ya habían sido renovadas por el Gobierno mientras que las emitidas después de 1989 incluyen datos biométricos y tienen un período de validez renovable de diez años.

En 1996, el Congreso exigió la deportación de todo residente permanente condenado por delitos graves, aún si han purgado sentencia.

Según observadores, con la renovación de estas tarjetas las autoridades podrían detectar a aquellos extranjeros que no han cumplido con una orden de deportación.

El aumento de la tarifa para renovar las tarjetas verdes, mediante el formulario I-90, es distinto al que el DHS puso en marcha el pasado 30 de julio para la obtención de otros beneficios migratorios.

Bajo ese anuncio, el costo por ajustar el estatus migratorio de un permiso temporal a una “tarjeta verde”, por ejemplo, es ahora de 930 dólares por la solicitud y 80 por los datos biométricos. VN