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FARMERS BRANCH SIGUE SU LUCHA POR PROHIBIR EL ALQUILER A INDOCUMENTADOS

El Concejo Municipal de Farmers Branch votó unánimemente para apelar el fallo de una corte federal que revocó una ordenanza que prohíbe el alquiler de propiedades a indocumentados.

En marzo, una juez determinó que la ley municipal es inconstitucional porque invade la autonomía de las leyes migratorias de este país, algo que sólo el gobierno federal tiene derecho a cambiar.

Sin embargo, el cabildo de Farmers Branch decidió anoche que continuará con la batalla legal que empezó hace cuatro años y dijo que presentará una apelación lo más pronto posible.

De acuerdo con David Koch, concejal en Farmers Branch, la lucha por defender el derecho de los ciudadanos de esta ciudad texana seguirá hasta que las arcas municipales tengan los fondos necesarios para hacerlo.

“Y hasta el momento contamos con suficiente dinero destinado exclusivamente a luchar legalmente hasta las últimas consecuencias”, señaló Koch.

“Lo que queremos es que se respeten nuestras leyes que demandan la salida de las personas que se encuentran ilegalmente en este país. No podemos albergar a personas que han infringido la ley”, agregó.

Kock indicó que Farmers Branch ha gastado más de tres millones de dólares en gastos de representación legal desde 2006, cuando el cabildo de esta ciudad promulgó una ley municipal que exigía a los inquilinos el pago de una cuota para verificar su estatus migratorio.

Aquella ordenanza no entró en vigor porque un tribunal federal ordenó una restricción temporal contra la medida. Luego, los abogados municipales pidieron que se levantara la orden de restricción pero fue desestimada por los tribunales.

Posteriormente se aprobó otra ordenanza que obligaba a los gerentes de inmuebles a verificar el estatus migratorio de sus inquilinos y fijaba una multa de 500 dólares por cada violación.

Además, el ayuntamiento de Farmers Branch enfrenta varias demandas en su contra.

Una de ellas busca compensación monetaria por los efectos negativos que ha causado la ordenanza, como la pérdida de inquilinos.

También hay una demanda que reclama que los términos de esa ordenanza no son competencia del gobierno local sino del federal. VN

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