Muchas cosas, quizá demasiadas, se esperan del nuevo presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que tomó posesión el 1º. de junio. Las mayores expectativas giran en torno de las cuestiones económicas, primero porque la mayor parte de la población vive sumida en la pobreza sin esperanza, segundo porque es un país donde no hay suficientes empleos y algo así como una mitad de los salvadoreños se gana la vida vendiéndole algo a otros salvadoreños, tercero porque la recesión global está a las puertas: las exportaciones (Estados Unidos es el principal destino de éstas y el consumo en este país se ha venido abajo), las remesas monetarias provenientes del extranjero han menguado. Esto último es una cosa muy seria, no sólo para la economía en general, sino para la parte de la población que depende directamente de esos aportes que les mandan sus familiares en el extranjero, principalmente Estados Unidos para mantenerse.
El Banco Mundial proyecta que el país crecerá menos de 1% este año, lo que practicamente quiere decir que no habrá crecimiento económico.
Comprensiblemente, Funes se ha esforzado por crear un cuerpo de ministros y asesores económicos de primera, un equipo perfecto (“dream team”) al decir de muchos, y ha empezado a negociar con instituciones internacionales y con el propio gobierno saliente, para tratar de asegurar que dispondrá de suficientes fondos para hacer funcionar el gobierno. La semana pasada trascendió que el gobierno tiene un déficit arriba de los mil millones de dólares y una fuerte deuda externa, informaciones que se mantuvieron en cuarentena durante la contienda electoral.
Este es más o menos el panorama económico con que el nuevo presidente de El Salvador se las verá desde los primeros días. Por cien años la oligarquía ha controlado este país y prácticamente ha hecho lo que le da la gana. Ahora la izquierda tiene la oportunidad de demostrar que le interesan los pobres –y los que no son tan pobres, pero también están estancados en un mundo sin oportunidades– y que además tiene la capacidad de hacer algo.
Pero no sólo la economía anda mal. El otro gran problema que tiene que afrontar El Salvador con Funes es la violencia. Es probablemente el país más violento del hemisferio. Diariamente se registran ahí un promedio de 18 asesinatos y en lo que va del año se han cometido tantos como en toda la mitad de 2008. La pobreza, la gran abundancia de armas de fuego y el legado de la guerra civil son, sin duda, factores de ese cuadro criminal. Pero además, el aparato judicial es incompetente (apenas un pequeño porcentaje de homicidios son esclarecidos por la Justicia cada año), la cultura de impunidad que se incubó en la guerra se ha cimentado y el respeto a la vida no parece ser uno de los más importantes mandamientos. La prensa salvadoreña reveló hace unas semanas que el crimen organizado ha infiltrado los altos mandos de la Policía Nacional Civil y que incluso muchos agentes colaboran con las bandas de narcotraficantes que operan en el país. Las organizaciones criminales aún no parecen tener en El Salvador el grado de control, saturación y descaro que tienen en Guatemala, pero parecen encaminarse hacia ahí. Finalmente, no se descarta que la proliferación del crack (Los Angeles Times publicó un reportaje sobre el abuso de esta droga dura en El Salvador hace un par de años), también tenga algo que ver con la violencia que impera ahí.
La administración de Antonio Elías Saca empezó su gestión anunciando una lucha sin cuartel contra la delincuencia. Sus campañas policiales Mano dura y Súper mano dura, de varios meses de duración, enfilaron principalmente contra las “maras” o pandillas que se mueven a sus anchas en los barrios pobres y algunas poblaciones del interior del pais, y a las que se les atribuye un gran porcentaje de los homicidios que se cometen en El Salvador. Resultado concreto: la violencia y el delito continuaron tan campantes como siempre. Si la violencia y la delincuencia guardan una relación estrecha con la pobreza y la falta de oportunidades, la relación de causa y efecto no funciona de manera mecánica.
Nicaragua, un país más empobrecido que El Salvador (hasta el grado que millares de nicaragüenses –y hondureños– se deplazan a este país cada año en la época de las cosechas para hacer el trabajo de recolección que los propios salvadoreños ya no quieren hacer), tiene una tasa de homicidios mucho más baja, lo que se pone en evidencia cada año cuando se compilan las cifras de muertos en Semana Santa y otras festividades.
Además de homicidios, la violencia tiene muchas otras caras: secuestros, extorsiones, asaltos, robos, violencia familiar. En síntesis, un problema generalizado de inseguridad pública, que alimenta una pesada industria de alambre de púas, armas de fuego y vigilantes armados que lejos de comunicar confianza, crean incertidumbre, ansiedad, paranoia. No es este El Salvador que va a atraer turistas extranjeros o nacionales, ni mucho menos inversión extranjera.
El nuevo gobierno de Mauricio Funes y el FMLN probablemente no va resolver todos los problemas económicos de los salvadoreños, pero puede producir un gran cambio en el nivel de vida de la población mejorando la seguridad pública. Esto va a requerir un esfuerzo y un equipo tan sólido como el que se prepara para encarar los retos económicos. Va a requerir también una voluntad y una estrategia más lúcida e integral que las que se han desplegado en el pasado, y en la que probablemente tengan que intervenir todos o casi todos los instrumentos del Estado. VN