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DEMANDAS AMENAZAN A CARNÉ DE IDENTIDAD PARA INDOCUMENTADOS EN SAN FRANCISCO

Varias demandas judiciales amenazan la emisión de tarjetas de identificación a inmigrantes indocumentados en la ciudad de San Francisco, a pesar de que un juez dio luz verde esta semana para el otorgamiento de las mismas.

Ya en septiembre pasado el alcalde Gavin Newsom había solicitado una suspensión del programa, que deberían entrar en vigor en noviembre, y que enfrenta otra demanda judicial y una investigación del Gobierno federal.

“Creo que el programa sí va a implementarse. Es de beneficio para la comunidad, las autoridades, y la ciudad. ¿Va a tardar la implementación? Me imagino que sí, pero tenemos la certeza de que va a ser un hecho,” dijo Ana María Loya, directora del centro legal La Raza, que ofrece servicios legales y comunitarios a inmigrantes en San Francisco.

Sin embargo, no todos se sienten tan optimistas.

“Demasiadas cosas han pasado en un año, y creo que la administración de Newsom está demostrando un poco de renuencia en cuanto a la implementación del programa, lo cual indica que el alcalde está posiblemente revaluando su posición,” declaró a Efe Kevin Johnson, decano de la facultad de leyes en la Universidad de California Davis.

El programa de credenciales de identificación fue inicialmente aprobado por la Junta de Supervisores de San Francisco en noviembre de 2007, entonces con el apoyo del alcalde Newsom.

En mayo pasado, cuatro residentes de la ciudad interpusieron la demanda argumentando que dicho programa violaba reglamentos federales de inmigración, y que además perjudicaría al medio ambiente de San Francisco por un supuesto aumento de residentes, congestión, y contaminación.

Aunque un juez desechó el caso el martes, la abogada Sharma Hammond dijo que sus clientes consideran una apelación.

Por otra parte, varias denuncias de un mal manejo de los reglamentos de la ley santuario comenzaron a salir a la luz durante el verano.

Específicamente, se encontró evidencia de que la ciudad de San había trasladado a jóvenes indocumentados acusados de cometer delitos graves, a sus países de origen e incluso otras ciudades de California sin recibir castigo alguno, en vez de ser deportados.

Uno de esos jóvenes, Edwin Ramos, presuntamente asesinó a tres miembros de la familia Bologna en San Francisco en junio -Tony de 48 años y sus hijos Michael y Matthew de 20 y 16 años respectivamente.

La familia interpuso una ciudad por homicidio-culposo contra la ciudad en agosto.

Ahora, un gran jurado federal está investigando estos casos, y la validez de la ley del santuario en San Francisco.

“Todo esto impacta negativamente contra el alcalde, y aunque él esté de acuerdo en principio, no quiere decir que prosiga,” añadió Johnson.

La oficina de Newsom aseguró que el alcalde continúa apoyando el programa de tarjetas de identidad, que en 2007 comenzó la ciudad de New Haven, en Connecticut, la primera del país en emitir una identificación para sus residentes, sean o no inmigrantes.

“El alcalde está prosiguiendo con mucha cautela para implementar el programa de manera apropiada, y que no se lleguen a dar casos de fraude o abuso,” manifestó a Efe Nathan Ballard, portavoz de Newsom.

En particular, los administradores de la ciudad están estudiando los protocolos de implementación, dijo Ballard, quien añadió que esto tardará “todo el tiempo que sea necesario”.

De llegar a ponerse en marcha, se calcula que el programa costaría entre un millón y 2,8 millones de dólares durante los primeros tres años.

Las credenciales serían otorgadas a personas que puedan comprobar su identidad, sin importar su estatus migratorio, ya que podrán hacerlo con licencias de conducir de otros países, pasaportes, cuentas de pago, etc.

Asimismo, tendrán que demostrar una estadía en San Francisco de un mínimo de 15 días. Dicha credencial podrá ser usada como una forma válida de identificación para solicitar ciertos servicios en la ciudad.

“Esto es algo muy positivo para nuestra comunidad inmigrante. Va a permitir que puedan identificarse, que puedan tener acceso a servicios, y que puedan cooperar abiertamente con las autoridades para prevenir crímenes,” opinó Loya. VN

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