Aunque el Gobierno federal no exigirá a empresas participantes en proyectos del paquete de estímulo económico revisar el estatus migratorio de sus empleados, legisladores de Carolina del Norte están proponiendo obligar a las compañía que contraten sólo a trabajadores legales.
El periódico “The Charlotte Observer” informó que el representante republicano Wil Neumann introdujo esta semana un proyecto que requiere a las empresas utilizar el programa federal “E-Verify”, de verificación de datos de identidad.
En un artículo anterior, el diario reportó que unos 5.000 trabajos en la industria de construcción a generarse por proyectos de carreteras y reparación de escuelas con dinero federal podrían parar en manos de los indocumentados.
La cifra fue estimada de acuerdo a varios estudios nacionales que indican que el 14 por ciento de los trabajadores de construcción del país carecen de documentación migratoria.
Carolina del Norte recibirá al menos 1.3 mil millones de dólares del paquete de 789 mil millones de dólares de estímulo económico federal para construir carreteras y escuelas.
“Este es dinero de estadounidenses y tenemos que asegurarnos que los trabajos sean para los estadounidenses”, declaró Neumann al periódico.
Esta no es la primera vez el legislativo de Carolina del Norte intenta pasar una ley que exija a las empresas utilizar programas que aseguren la legalidad de sus empleados.
El año pasado, el senador republicano Robert Pittenger introdujo una propuesta de legislación que pretendía obligar a las ciudades y condados a utilizar el “E-Verify” para revisar el estado migratorio de sus nuevos empleados.
Además, solicitaría a las compañías subcontratistas aplicar la medida si entran en el proceso de licitación para contratos públicos.
La legislación finalmente no fue aprobada y Pittenger no ganó el escaño de vicegobernador al que aspiraba.
Sin embargo, la utilización del “E-Verify” fue aprobado por los legisladores de este estado en noviembre de 2006 sólo para comprobar el estatus de empleados y aspirantes a trabajar en puestos de departamentos estatales y planteles educativos públicos.
En Charlotte, la ciudad más grande del estado, la junta de comisionados pasó el 20 de mayo pasado una ordenanza que obliga a las contratistas y subcontratistas, que hacen trabajos para el condado, verificar la legalidad de sus trabajadores.
Algunos expertos pronostican que la ley tiene pocas posibilidades de pasar, ya que ambas cámaras de la Asamblea Legislativa están controladas por demócratas, quienes piensan que el problema de los indocumentados en un “asunto federal”.
La propuesta es sometida cuando el índice de desempleo en Carolina del Norte alcanzó el 8 por ciento, la cifra más alta de los últimos años.
Por su parte, en Carolina del Sur esta vigente desde el 1 de enero la ley estatal que exige a las empresas con más de 500 trabajadores confirmar el estado migratorio de sus nuevos empleados. VN