Mayor libertad de expresión, un proceso de democratización irreversible, un constante batallar de nuevas instituciones que protegen los derechos humanos y la inclusión de todos los sectores a la vida política del país, es lo que destacan los resultados de la firma de los Acuerdos de Paz en El Salvador hace 21 años, entre la ex guerrilla del FMLN y el gobierno de derecha de esa época, analiza el periodista salvadoreño Luis Alberto Orellana.
El ascenso del FMLN al poder es la máxima expresión de una democracia y la aparente independencia de los Órganos Estatales tampoco es algo que salga de este análisis. La adaptación de la Fuerza Armada a su rol a partir de la firma de los acuerdos, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la creación de la Policía Nacional Civil, son otros compromisos solventados, agrega.
“Se terminó el conflicto armado, pero las causas estructurales que lo originaron no se han resuelto como la pobreza, impunidad, crisis económica, inseguridad”, entre otras, dijo Oscar Luna procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, cuando se conmemoraba el fin del conflicto armado (1980-1992) en El Salvador el pasado 16 de enero.
Tras 21 años del fin del conflicto armado “se puede afirmar categóricamente que nuestro país se encuentra pagando el precio de no haber seguido el rumbo que trazaron las negociaciones”, indicó Luna al lamentar que “muchos de los acuerdos todavía están incumplidos, y otros se han cumplido a medias”.
El Cónsul General de El Salvador en Los Ángeles, Walter Durán, coincide que a pesar que los Acuerdos de Paz marcaron un hito histórico importante en El Salvador -porque pusieron fin a una guerra de más de una década, luego del entendimiento entre dos partes que estuvieron enfrentadas a muerte durante muchos años- no se visualizaron los fenómenos sociales de la pos guerra.
MÁS POBREZA Y DELINCUENCIA EN LA POST GUERRA
“El área económica y social quedó casi excluida porque de siete capítulos que contienen los Acuerdos de Paz, solo uno hace referencia al sistema económico y social, y las medidas que se adoptan en esas áreas por los subsiguientes gobiernos administrados por la derecha después de la firma de los Acuerdos de Paz, fueron prácticamente insustanciales”, opina el Cónsul Durán.
Mario Alfredo Cantarero, catedrático de la Universidad Francisco Gavidia, dijo a VIDA NUEVA que los Acuerdos de Paz -son sólo eso- el inicio de otro proceso, es decir, la apertura a la participación, a la legalidad y a la tolerancia. “Muchos sostienen erróneamente que en El Salvador no ha pasado nada, porque seguimos lo mismo, en las mismas condiciones socioeconómicas exiguas, la misma corrupción, la misma intolerancia”.
Lejos de lograrse una concertación que permita la convivencia social en El Salvador, el país enfrenta índices de delincuencia sin precedentes, debido a que, según el cónsul Walter Durán, los gobiernos en las últimas dos décadas no echaron a andar políticas integrales para atender a los sectores más marginados, añadido a esto las deportaciones de jóvenes desde Estados Unidos a El Salvador que vienen a integrar las pandillas.
Cantarero justifica que las democracias desarrolladas han pasado muchas dificultades para llegar a donde están, porque una democracia sólida requiere de ciudadanos educados, políticos honestos, instituciones fuertes y movimientos sociales poderosos. Y en ese sentido, añade el catedrático salvadoreño, “lo veo muy difícil”.
Políticos y religiosos así como representantes de los diferentes sectores, coinciden que uno de los mayores obstáculos es que todavía los sectores del país están polarizados para lograr una sociedad concertadora que permita la discusión para buscar solución a los problemas. Aún persisten los conflictos de intereses.
Pero aparte del discurso político que mantiene aún dividido a los salvadoreños, los temas latentes como la pobreza y la delincuencia continúan en el debate, y en las elecciones no pasará inadvertido.
QUÉ SE HACE PARA COMBATIR LA POBREZA Y DELINCUENCIA
“Nosotros como administradores del estado tenemos la conciencia de que es necesario abordar esos problemas estructurales que han venido postergándose; es necesario hacer ajustes al modelo económico para que la riqueza que se concentra en los sectores más poderosos del país se redistribuya, y llegue a los sectores más pobres”, dice el Cónsul salvadoreño, identificado con el partido de izquierda.
En un lenguaje más político que diplomático, el Cónsul Durán afirma que su gobierno ha realizado cambios importantes en las áreas de salud, en el sistema de educación y en el desarrollo territorial.
Sólo en educación se han producido importantes cambios, cuyos beneficiarios han sido directamente los provenientes de los sectores campesinos y obreros. El estado les proporciona a las familias no solamente la educación gratuita sino uniformes, zapatos, útiles escolares y alimentación, lo cual ha producido, según Durán, que en los últimos años se integren más estudiantes al sistema de escolaridad.
En el campo de la salud, agrega, los niveles de abastecimiento que tienen los hospitales actualmente no son comparables a los que habían en los últimos gobiernos. Sólo en este periodo se han reconstruido cinco hospitales, afirma.
Las políticas del actual gobierno pretenden llegar a “saldar las deudas” que el estado salvadoreño debió cubrir después que se firmaron los Acuerdos de Paz, subraya el Cónsul Durán.
“En el caso de las pandillas es un problema que ya no se puede abordar desde la óptica del derecho penal, no podemos meter a la cárcel a más de 50 mil jóvenes que el estado nunca les dio educación, salud y entretenimiento”.
“Lo primero que se necesita para combatir ese fenómeno es establecer un diálogo y, en este sentido, el gobierno lo ha promovido, teniendo como resultado las treguas entre pandillas -que en alguna medida han disminuido los homicidios y extorsiones- para empezar a buscar algunos mecanismos de solución a base de alternativas para que ellos sean incluidos en las políticas del gobierno”, dice Durán.
Romeo Escobar, Presidente de la fundación Ilobasco con sede en Los Ángeles, California, cree que las organizaciones comunitarias integradas principalmente por salvadoreños que huyeron de la guerra en la década de los años 1980-1990, tienen un papel importante que jugar en la reconstrucción de la sociedad salvadoreña. Por medio de esfuerzos comunitarios pueden realizarse obras de desarrollo integral que permitan a las jóvenes nuevas oportunidades de trabajo y estudio, de esta manera evitar que los mismos se integren a grupos delincuenciales.
Rudis Yilmar Flores, quien es profesor investigador de la Universidad de El Salvador, en su análisis concluye que la realidad de los salvadoreños se vuelve muy compleja, ya que las necesidades más sentidas de la población no se logran resolver. Esto necesariamente conduce a los sectores populares a una lucha permanente por la reivindicación de sus derechos.
No cabe duda, tras los 21 años de los históricos Acuerdos de Paz, existe una deuda histórica con el pueblo salvadoreño y su democracia, ahora se le presentan nuevos escenarios y nuevas formas de lucha ante la nueva realidad que vive el país y el mundo, aun cuando la izquierda gobierne, es necesario romper los viejos esquemas de dominación y explotación, que hoy en día siguen vigentes y que se niegan a aceptar que el mundo cambió, concluye Flores.
La guerra civil salvadoreña dejó unos 75 mil muertos, 8 mil desaparecidos y 12 mil heridos, según estadísticas llevadas por el gobierno de El Salvador. VN