Phoenix.- Activistas de Arizona expresaron su desilusión por la decisión de hoy del Tribunal Supremo de EEUU a favor de la ley estatal de sanciones a empleadores, la cual, aseguran, provocará más discriminación en contra de los inmigrantes, mientras que la gobernadora Jan Brewer aplaudió el fallo.
“Esta ley ha sido una pesadilla para muchas personas, entre ellos residentes legales y ciudadanos de este país, a los cuales se les ha negado de forma equivocada el derecho a trabajar”, dijo Lydia Guzmán, representante de la organización Respect/Respeto en Arizona.
En su opinión, la decisión del máximo tribunal “abrirá” la puerta para más discriminación en el proceso de contratación de un empleado.
“Los empleadores tendrán miedo de contratar a un individuo porque estarán inseguros sobre la veracidad de los documentos que les sean presentados”, dijo.
Agregó que lo más seguro es que no contraten a personas debido a que “no sabrán reconocer las diferencias entre los distintos permisos de trabajo que otorga el Gobierno federal, como visas de empleo, tarjetas temporales de residencia y tarjetas de residencia permanente o inclusive certificados de naturalización”, afirmó.
Con una votación de 5-3, el Supremo otorgó hoy su respaldo a la regulación que sanciona a los negocios que contraten indocumentados a sabiendas.
El máximo tribunal rechazó el argumento de que los estados no tienen el derecho de aplicar las leyes migratorias.
“Es un día muy triste para los trabajadores estadounidenses en estos tiempos tan duros de crisis económica, deberíamos estar buscando la forma de poner a las personas de regreso a trabajar y no más obstáculos”, dijo Guzmán.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, calificó el fallo como “una victoria” para el estado.
“A pesar de la oposición de la administración Obama, Arizona y todos los estados ahora tienen la libertad de quitar el cartel de ‘se necesita ayuda para los inmigrantes indocumentados en sus estados'”, dijo la mandataria republicana en un comunicado.
Indicó que la ley estatal de sanciones a empleadores permite a la mayoría de los negocios que quieren “jugar bajo las reglas”, cumplir con las leyes federales y estatales.
Brewer reconoció que la decisión de hoy no tiene nada que ver con la ley estatal SB1070, al tiempo que expresó su esperanza de que el Supremo aplique el mismo principio si decide escuchar el caso.
“Con esta decisión, estoy más firme que nunca en que los estados tienen un papel complementario en aplicar las leyes federales de inmigración, a pesar de la oposición de la administración Obama”, dijo Brewer.
La ley estatal de sanciones a empleadores fue firmada por la entonces gobernadora de Arizona y ahora Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano.
La legislación obliga a los negocios a utilizar el programa federal E-verify para revisar el estatus migratorio de sus nuevos empleados.
Hasta la fecha, solamente el alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, ha llevado a cabo redadas en contra de negocios en este condado bajo dicha ley, y ha detenido a docenas de trabajadores indocumentados que en su mayoría enfrentan cargos por robo de identidad o uso de documentos falsos.
Por su parte, Cecilia Wang, directora del proyecto nacional de inmigrantes de La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), dijo que la decisión de hoy del Supremo solamente aplica a la ley estatal de sanciones a empleadores y aclaró nada tiene que ver con la SB1070 o cualquier otra ley estatal sobre inmigración.
“Estamos muy decepcionados con la decisión de hoy y creemos que no refleja lo que el Congreso intenta”, dijo Wang en un comunicado de prensa.
Brewer anunció a principios de este mes que solicitará a la Corte Suprema levantar las restricciones en contra de la SB1070 impuestas por la juez Susan Bolton de la Corte Federal en Phoenix el pasado mes de julio, como la que autoriza a policías locales cuestionar el estatus de aquellos sospechosos de ser indocumentados. VN