QUEBRANTAMIENTO DEL SISTEMA DE INMIGRACIÓN AMENAZA LA SEGURIDAD NACIONAL

El quebrantamiento del sistema de inmigración de Estados Unidos “amenaza con debilitar su economía, y poner en peligro su diplomacia y su seguridad nacional”, según un informe dado a conocer por el Council on Foreign Relations.

“Estados Unidos necesita una reforma completa de sus leyes de inmigración”, según el estudio efectuado por un equipo que encabezaron el ex gobernador de Florida, Jeb Bush, y el ex secretario de la Casa Blanca, Thomas McLarty.

Los expertos, entre quienes se cuentan Raúl Yzaguirre de la Universidad estatal de Arizona, y Eliseo Medina, del Sindicato de Trabajadores Unidos de Servicios (SEIU), advirtieron en su informe que “lo que está en juego es demasiado grande como para que haya un fracaso”.

“Si Estados Unidos continúa manejando mal su política de inmigración dañará uno de los factores vitales de la prosperidad y la seguridad del país, y podría condenarse a una disminución lenta y prolongada de su estatus en el mundo”, añade el informe.

En Estados Unidos hay, por lo menos, 12 millones de inmigrantes indocumentados y el grupo de estudio sostuvo que esto es dañino para los intereses nacionales del país porque “disminuye el respeto por la ley, crea problemas de seguridad, debilita los derechos de los trabajadores, pone tensión en las relaciones con México, y recarga injustamente los servicios de educación y salud públicas en muchos estados”.

El informe reconoce “apropiadamente la necesidad de que EEUU de un acceso mayor a los inmigrantes, tanto con altas calificaciones como con bajas calificaciones laborales, al tiempo que fortalece su control de las fronteras”, opinó Jim Pignatelli, vicepresidente del grupo Mexican and Americans Thinking Together (MATT).

“Nosotros creemos que es esencial que los millones de inmigrantes indocumentados se incorporen al sistema, que se les exija que se registren, se sometan a verificación de antecedentes, aprendan inglés y paguen impuestos”, añadió Pignatelli.

El equipo de estudios encabezado por Bush y McLarty se pronunció a favor de “una política de legalización por méritos, y no una amnistía, para muchos de los inmigrantes que actualmente viven de manera ilegal en EEUU”.

Entre los méritos a tenerse en cuenta, según el grupo, se cuentan que los jóvenes indocumentados estudien hasta el nivel universitario o que ingresen a las fuerzas armadas y “demuestren buen carácter moral” para ganarse la residencia legal.

El grupo no recomendó que se permita el ingreso a Estados Unidos de más extranjeros dentro del programa de “trabajadores huéspedes”, que pueden permanecer y trabajar por períodos determinados y sólo en el sector para el cual fueron contratados.

Pero sí apoyó una recomendación que en 2006 avalaron los sindicatos para la creación de una comisión permanente que establezca los niveles de inmigración de forma relacionada con las condiciones económicas del país.

Los expertos reconocieron que Estados Unidos “ha cosechado beneficios tremendos” por su apertura a los inmigrantes, a los estudiantes y trabajadores calificados de otros países, pero advirtieron que “la incapacidad para desarrollar un sistema de leyes de inmigración que funcione y se aplique amenaza con socavar esos logros”.

Uno de los aspectos más controvertidos del informe es el respaldo de estos expertos al uso de las fuerzas policiales municipales y estatales en la aplicación de las leyes de inmigración, algo a lo cual se oponen muchas de esas mismas fuerzas.

Asimismo, apoyan “la aplicación plena de la Iniciativa de Fronteras Seguras para obtener un mayor control de los límites del país”. VN