VIVIENDAS DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS LATINOS DEPENDEN DE FALLO JUDICIAL

Cerca de 6.000 agricultores latinos que trabajan en el valle de Coachella, a 130 millas al este de Los Ángeles, esperan la decisión de un juez federal que podría dejarlos en la calle por fallas en sus viviendas.

La clausura del Parque de Casas Móviles Desert, localizado en la reserva indígena Torres-Martínez y más conocido como Duroville por el apellido de su propietario Harvey Duro, depende del resultado de la evaluación de sus condiciones de seguridad e higiene.

Mientras esperan una decisión, muchos de los residentes se sienten preocupados por la posibilidad de ser desalojados de las viviendas.

“No es bueno que nos obliguen a irnos”, explicó Adolfo Basilio, un trabajador del campo oriundo del mexicano estado de Michoacán, al, explicar a Efe que ha vivido en Duroville durante siete años con su esposa sus hijos y ahora sus nietos.

“Con lo que ganamos, no tenemos ningún otro sitio a donde ir. Mi familia y yo tendríamos que vivir en las calles”, aseguró Basilio.

El Juez de Distrito de EE.UU. Stephen Larson designó a Pierre-Richard Prosper, un ex embajador de EE.UU. que investigó crímenes en Ruanda y a Jack Shine, presidente y jefe ejecutivo de First Financial Group, para que recolecten información, evalúen las mejoras en la comunidad y presenten un informe en un plazo que vence a fines de esta semana.

“Luego de 60 días estaré preparado para tomar una decisión inteligente”, afirmó a principios de febrero el juez Larson, al ordenar que los dos expertos analizaran las condiciones de vivienda del parque y evaluaran los arreglos que el dueño había realizado.

Por otra parte, Mark Adams un abogado de L.A, presentará igualmente un informe ante el juez sobre reparaciones de emergencia que se le encargaron en los sistemas de agua electricidad y drenaje, que -afirma el gobierno- representan una amenaza inminente para la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas que residen en el campamento.

Adams recibió una garantía de crédito por 150.000 dólares para realizar reparaciones que eventualmente serían cobradas al dueño del parque de casas móviles.

Sin embargo, el asistente del Fiscal del Distrito Leon Weidman, se ha mostrado pesimista con respecto a la suma asignada, señalando que para que todo el parque realmente esté de acuerdo con los códigos de seguridad y salud, se necesitaría un millón de dólares para comenzar y “10 millones de dólares podrían no ser suficientes”.

El terreno donde está ubicado el campamento fue entregado en comodato por los Estados Unidos a Duro, miembro de la tribu Cahuilla de la reserva Torres-Martínez.

Las autoridades de la reserva habían presentado en diciembre un programa de reparaciones y mantenimiento del lugar que debía comenzar en enero pero que no ha sido aplicado.

Según Raymond Torres, jefe de la tribu, es innegable que el lugar necesita “una gran cantidad de trabajo” para ser reparado.

El plan de trabajo ordenado por el Consejo Tribal, está pendiente de las recomendaciones “de un grupo de tres personas”, según explicó el abogado de la tribu Curtis Berkey. Las recomendaciones se esperan para este mes.

Sin embargo Torres se mostró preocupado porque el cierre del campamento produciría un “éxodo masivo de familias” que afectaría especialmente a los niños en escolar.

El parque, de 40 acres, aloja entre 300 a 400 casas móviles y hasta 6.000 trabajadores en la época de más alta demanda de mano de obra en el área agrícola circundante.

Entre otras normas, el parque no cumple con la distancia de 10 pies requerida entre cada casa móvil, su sistema eléctrico no llena los requisitos estandarizados de seguridad, el sistema de drenaje es insuficiente e inadecuado.

Además, no se cumplen muchas de las recomendaciones de seguridad contra incendios establecidas para estos este tipo de campamentos, de acuerdo con la demanda presentada en octubre de 2007, por la Oficina de Asuntos Indígenas.

“Yo aquí vivo contento”, aseguró Basilio. “Es como vivir en México”. VN

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