PRESENTAN DEMANDA PARA BLOQUEAR NUEVO REGLAMENTO CONTRA INDOCUMENTADOS

Líderes de grupos cívicos y del movimiento sindical de EE.UU. presentaron hoy una demanda en contra del Gobierno para frenar la aplicación de un reglamento dirigido contra los trabajadores indocumentados.

La demanda, presentada hoy en un tribunal federal de California, busca impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración del Seguro Social (SSA) pongan en marcha el nuevo reglamento, anunciado el pasado 10 de agosto como parte de una serie de medidas contra la inmigración ilegal.

Las medidas, en su conjunto, estrechan el cerco contra los indocumentados, aumentan las sanciones contra quienes los contraten e incrementan la seguridad fronteriza.

En concreto, las medidas amplían el programa “Basic Pilot” de 1997, ahora rebautizado como “E-verify”, en el que las empresas pueden cotejar la información de sus empleados con las bases de datos del DHS y la SSA.

A partir del próximo 4 de septiembre, las empresas tendrán 90 días para corregir cualquier error tipográfico o administrativo en los documentos sobre sus empleados, una vez que reciban una advertencia por escrito del gobierno sobre las discrepancias.

Las empresas tendrán que despedir a quienes presenten documentos falsos o que no puedan corregir las discrepancias en sus números de Seguro Social.

Si no lo hacen, podrían ser sancionadas con multas que inicialmente serán de 2.200 dólares, y podrían afrontar cargos criminales, según el DHS.

El Gobierno emite esas cartas de advertencia a los empleadores desde hace varios años pero, con este reglamento, se recrudecen las medidas contra quienes contraten a los trabajadores indocumentados.

Se prevé que a partir del próximo martes, la SSA comience a enviar cartas de advertencia a aproximadamente 140.000 empresas, lo que afectaría a unos ocho millones de trabajadores, según los demandantes.

La demanda fue presentada por la federación sindical AFL-CIO, la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), el Concejo Laboral del Condado de Alameda, y líderes del movimiento sindical de California.

Los demandantes temen que el reglamento ponga en peligro los puestos de trabajo de los residentes legales y de los propios ciudadanos estadounidenses por cualquier error en la base de datos de la SSA.

Según los activistas, la base de datos de la SSA contiene 17,8 millones de discrepancias y más del 70 por ciento de éstas afectan a ciudadanos estadounidenses.

Esas discrepancias se deben, por ejemplo, a errores tipográficos, cambios de apellido de un empleado por matrimonio o divorcio, o el uso de apellidos múltiples, algo común entre extranjeros.

En la actualidad, la base de datos contiene más de 250 millones de expedientes en los que el número de Seguro Social no concuerda con el nombre sometido por la empresa, o viceversa, y una parte “sustancial” de esos errores afecta a ciudadanos o residentes legales, agregan.

La medida “viola los derechos de los trabajadores e impone una carga a los empleadores que reciban esas cartas (de advertencia) sobre las discrepancias” entre los datos que presenta el empleado y los que tiene la SSA, según la demanda.

La AFL-CIO dijo que en el pasado las empresas han utilizado esas cartas como excusa para despedir a trabajadores que intentan formar sindicatos, se lesionan en el trabajo, presentan reclamos salariales o denuncian condiciones precarias en los centros de trabajo.

“El nuevo reglamento le da a los empleadores un pretexto más firme” para continuar tomando medidas indebidas contra los trabajadores, dijo el grupo sindical.

Los demandantes quieren que el tribunal anule el nuevo reglamento o al menos frene su puesta en marcha hasta que se determine la legalidad de la medida. VN