PREOCUPA EFECTOS DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE EMPLEADOS EN CALIFORNIA

La verificación de datos de empleados es una práctica que cada vez se intensifica más en el país, lo que preocupa a defensores de los inmigrantes en California porque cientos de hispanos están perdiendo sus trabajos.

Una empresa de flores en este estado despidió 283 empleados tras recibir una carta del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) notificándole que no eran elegibles para trabajar en Estados Unidos.

“Lo que estamos viendo es una persecución que va a quedar en la historia de EEUU como un período en el que el gobierno erróneamente actuó en contra de nuestra comunidad, sin resolver los problemas”, afirmó Jorge-Mario Cabrera, gerente de Comunicaciones de la Alianza Nacional de Comunidades Latino Americanas y Caribeñas (NALACC, en inglés).

“El poder ejecutivo ordenó a aquellos contratistas federales -y eso se extiende a todos los subcontratistas- que se integren al programa de verificación. Eso causa un pánico inmediato entre la comunidad trabajadora de inmigrantes. El propósito es mandar un mensaje contundente de que ‘estamos tras de ustedes'”, aseguró.

El grupo empresarial Sun Valley Floral Farms con cultivos localizados al norte de San Francisco y al norte de Los Ángeles, confirmó el despido de más de la mitad de su fuerza de trabajo.

Según explicó Lane DeVries, director ejecutivo del grupo al anunciar la decisión, algunos de estos empleados llevaban 17 años con la compañía y varios eran jefes de grupo desde hace más de una década.

“No hay duda de que miles y miles de personas perderán sus trabajos y sus vidas sufrirán un impacto tremendo, más aún cuando tenemos una economía tan débil”, presagió Cabrera.

Sun Valley Floral Farms explicó que hace cerca de siete meses le fue requerido el envío de las formas de impuestos I-9 y que no habían vuelto a recibir noticias, hasta la semana pasada cuando llegó la carta con las inconsistencias.

El ICE notificó a la empresa, que los empleados no eran elegibles para trabajar en los EE.UU. pues sus números de empleo eran incorrectos, explicó DeVries.

Aunque la situación se presenta crítica, para Cabrera todavía hay esperanzas.

“Un estudio de la universidad de San Diego indica que a pesar de las medidas antiinmigrantes existe todavía el interés y el ánimo a la comunidad para continuar luchando a pesar de las adversidades políticas que están confrontando en este país”, aseguró.

Pero Sun Valley Floral Farms no es la única empresa que emplea inmigrantes, según indicó su director ejecutivo, al señalar que gran parte de los negocios en la costa norte de California, emplean extranjeros.

Los recortes han dejado a la empresa en una angustiosa necesidad de trabajadores capacitados en el área de cultivos.

Creo que la comunidad va a tratar -de todas formas- de continuar luchando en otros empleos”, auguró Cabrera. “O sea que los que van a despedir de unos trabajos van a ser utilizados por otros, porque la necesidad de mano de obra barata es muy grande”.

Sobre la demanda que se presentó contra la medida que exige que todos los empleadores se acojan al sistema de verificación -y de la que NALACC forma parte- el activista señaló que debido a que no se tiene una decisión todavía, el ejecutivo está utilizando su poder para forzar a los contratistas.

“Esto es una táctica publicitaria para justificar ante el pueblo estadounidense que se está haciendo algo en contra de la inmigración no regularizada. Sin embargo, el problema continúa: el sistema verificación está basado en una base de datos que contiene millones de errores”, sostuvo el activista..

Cabrera considera que los problemas no solo afectarán a los inmigrantes indocumentados sino “a muchos trabajadores, ciudadanos nacidos en el país o naturalizados, que se verán afectados”.

Por lo que la batalla siguiente por parte de los grupos defensores de los inmigrantes, será también en las cortes.

“Vamos a ver en el futuro conflictos legales muy fuertes en contra del gobierno estadounidense y me temo que es allí donde la batalla se centrará”, predijo Cabrera.

A raíz de la reglamentación de verificación, que fue demandada en agosto de 2007, el Seguro Social recopiló información de inconsistencias entre la información de los empleadores y sus propios datos, preparando notificaciones para cerca de 140.000 empresas, con errores en alrededor ocho millones de trabajadores.

Según informes citados por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración -otro de los demandantes- en diciembre 2006 la oficina del Administrador General del Seguro Social elaboró un reporte sobre 435 millones de personas y encontró 17,8 millones de inconsistencias en sus propias bases de datos. VN