MENORES CENTROAMERICANOS SIGUEN RECLUIDOS TRAS REJAS EN ESPERA DE DECISIÓN

Por Ana Milena Varón

Los Ángeles, 14 abr (EFEUSA).- Cientos de menores no acompañados que ingresaron a Estados Unidos de forma indocumentada siguen recluidos en centros de detención mientras se define su situación migratoria, y en algunos casos su internamiento supera ya los 20 meses.

“Estos lugares parecen una cárcel, los jóvenes solo tienen una hora para ver el sol. Además no se sabe exactamente donde están, ni hasta cuando van a estar allí, se convierten en personas invisibles”, manifestó a Efe Holly Cooper, profesora y directora asociada de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis.

Las autoridades federales dispusieron que los niños no acompañados, detenidos por ingresar de forma indocumentada al país, fueran procesados por la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), una agencia del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.

“Se ha trabajado de manera agresiva y con éxito para garantizar albergue y camas disponibles en los centros de acogida seguros, y no se vean obligados a esperar en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza”, aseguró la vocera de ORR, Andrea Helling.

En este proceso, ORR determina unilateralmente a qué tipo de instalaciones debe ser enviado el menor antes de que se defina su situación migratoria.

La decisión se basa en la información que las autoridades recolectan sobre el menor inmigrante, incluidos los datos obtenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como los antecedentes penales y el comportamiento del niño o adolescente en el proceso de su detención en la frontera.

La gran mayoría son enviados a refugios o casas hogar; sin embargo, ORR decide a veces poner algunos adolescentes en un centro de mayor seguridad.

En el año fiscal 2014, casi 800 adolescentes fueron enviados a estos centros de detención, mientras que en el 2015 lo hicieron con 618 menores no acompañados.

El salvadoreño Pablo Aguilar es uno de esos menores ya que fue arrestado en junio del 2014, cuando tenía 14 años, y desde entonces ha estado recluido en estos centros de detención.

“En el caso de Pablo aún no han tomado una decisión y no nos han dado acceso para hablar y saber que está pasando con su caso”, denunció Cooper.

Actualmente el joven, que ya cumplió 16 años, se encuentra recluido en el Centro Juvenil del contado Yolo, al norte de California, a donde llegó en septiembre del año pasado después de estar en ocho centros.

El periplo del adolescente centroamericano por los centros de detención comenzó en McAllen, pasó por Houston, ambos en Texas, para luego arribar a Phoenix, Arizona.

Aunque la mamá y la abuela materna del menor viven en Los Ángeles, California, en su cuarto traslado el joven fue enviado a la costa este a Staunton, Virginia, y días después fue trasladado a Tequesta, Florida, para luego regresar al centro de Virginia y de allí salir rumbo a Portland, Oregon, de dónde fue enviado por tercera vez a Staunton, hasta que fue enviado de nuevo a California.

Para Cooper, quién junto a sus estudiantes tomó el caso de Aguilar, los hechos demuestran que las autoridades están haciendo esto para agotar y desesperar a los menores y sus familias.

“Buscan que ellos firmen la deportación”, indicó.

Esa desesperación la entiende perfectamente la madre de Aguilar, quien tiene que viajar más de ocho horas cada 15 día para poder ver a su hijo.

“En estos meses, varios de los trabajadores sociales que atendieron el caso de Pablo recomendaron la liberación de este menor, pero ORR no quiere hacerlo y no nos da una razón”, indicó Cooper.

La situación de los menores también ha sido denunciada por la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA). “Es inmoral esconder a estos menores y familias con el propósito de limitar el acceso de la representación legal”, advirtió su presidente, Víctor Nieblas.

ORR tiene 322 camas disponibles para estos menores, en 15 centros de detención en ocho estados del país, la mayoría alejados de las ciudades grandes, donde se concentran los abogados expertos en inmigración.

Cooper argumentó que el proceso de ORR es inconstitucional y viola los derechos de los menores como Aguilar, quién perdió a su hermano mayor a manos de las pandillas en El Salvador.

La profesora aseguró que la transparencia del trabajo de ORR se ve afectada, ya que ni las familias de los menores, ni los abogados pueden presentar pruebas sobre la conducta del joven o revisar el proceso.

Han pasado 21 meses desde la detención de Aguilar, no obstante ni el menor, ni su familia ni sus abogados piensan ceder en esta lucha para conseguir su libertad.

“Estamos preparando una demanda federal, no podemos permitir este atropello”, concluyó Cooper. VN