INMIGRANTES EN ARIZONA INICIAN 2008 CON TEMOR FRENTE A LEY ANTIINMIGRANTE

La comunidad inmigrante en Arizona inició 2008 con incertidumbre ante la implementación de una ley estatal que sanciona a los negocios que contraten indocumentados y que sigue siendo confusa para empleadores y trabajadores.

De acuerdo con cifras oficiales, hasta el pasado viernes solamente cerca del 6 por ciento de los negocios en Arizona se había registrado en el programa piloto del Gobierno federal para verificar el estatus migratorio de los trabajadores, conocido como “E-verify”.

Lo que significa que sólo 9.062 empleadores de los 150.000 que hay en este estado se han inscrito en el programa cuyo uso es requisito para todos los patrones, de acuerdo con la ley estatal HB2779 que entró en vigor el 1 de enero.

Y es que para algunos empleadores la legislación es todavía muy confusa.

“Algunas personas dicen que se debe verificar el estatus migratorio de todos nuestros trabajadores, otros que sólo los nuevos empleados”, dijo a Efe Carla Ramírez, administradora de un restaurante local.

Para aclarar las dudas de los empleadores, las oficinas de los fiscales de los 15 condados del estado han realizado seminarios sobre la nueva regulación orientados a los dueños de negocios.

La HB2779, una de las leyes más severas contra la inmigración ilegal en EE.UU., obliga a los empleadores a verificar el estatus migratorio de sus nuevos empleados con la base de datos “E-verify”.

Pero la ley no establece una sanción en contra de los negocios que no se registren en el programa federal.

En caso de que un negocio sea sorprendido contratando trabajadores “sin papeles” de forma “intencional” su licencia de operación podría ser suspendida hasta por 10 días, en caso de reincidir el permiso de operación podría ser suspendido permanentemente.

Algunos empleadores aseguran que no se registrarán al programa federal hasta que tengan la necesidad de contratar nuevos empleados.

Otros han decidido contratar compañías independientes encargadas de llevar a cabo este tipo de funciones.

De acuerdo con organizaciones pro-inmigrantes, el anuncio de la implementación de esta ley causó durante noviembre y diciembre pasado un éxodo de inmigrantes indocumentados y sus familias hacia otros estados o de regreso a sus países de origen, luego que sus empleadores comenzaran a despedirlos.

Otros con más “suerte” como José Ruiz, inmigrante mexicano de 32 años, permanecen a la expectativa, ya que todavía su empleador no lo ha cuestionado sobre su estatus migratorio.

“Mientras no me pregunten nada, yo seguiré viniendo a trabajar”, dijo a Efe Ruiz.

Agregó que a pesar de que aún mantiene su empleo, ha tratado de ahorrar todo el dinero que ha ganado en los últimos meses.

“Sólo estamos gastando en lo más indispensable, por si nos tenemos que ir de aquí”, dijo el padre de dos niños, de 4 y 7 años, que nacieron en este país.

A pesar de que ya entró en vigor, el debate sobre la HB2779 no ha terminado ya que el próximo 16 de enero se llevará a cabo una audiencia en una corte federal en la ciudad de Phoenix sobre la demanda impulsada por organizaciones pro-inmigrantes y una coalición de negocios que cuestionan la constitucionalidad de la nueva medida.

“Sólo nos queda esperar y ver cuál es el resultado de esta demanda”, dijo Ramírez.

La administradora indicó que la nueva ley ya ha tenido un impacto “muy negativo” en su restaurante, ya que sus ventas se han reducido en un 30 por ciento. VN